Nulidad de la compra de acciones en ampliación de capital de Banco Popular del año 2016

Nulidad de la compra de acciones en ampliación de capital de Banco Popular del año 2016

El Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Guadalajara ha dictado la primera sentencia millonaria en favor de un gran accionista de Banco Popular que acudió a la ampliación de capital del año 2016, suscribiendo 3.752.970,78 euros en acciones.

El Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Guadalajara en sentencia de 29 de marzo de 2019 ha declarado la nulidad de la orden de compra suscrita con Banco Popular en la ampliación de Banco Popular del año 2016, en virtud de la cual se adquirían acciones por importe de 3.752.970,78 euros, declarando la restitución de las cantidades. En este sentido, establece la Sentencia: “la nulidad por dolo y/o error en el consentimiento de las órdenes de compra de 3.002.090 acciones de Banco Popular que fueron suscritas por Cerquia con ocasión de la ampliación de capital con derechos de suscripción preferente que la entidad realizó en mayo de 2016 (…) la restitución recíproca de las prestaciones recibidas por cada una de las partes intervinientes en dicha operación y junto con los intereses legales devengados”. El cliente, una inmobiliaria de Guadalajara, llegó a controlar el 0,19% del capital de la entidad financiera. Según informa el Diario Cinco Días, la Sentencia es firme[1].

Estos días se han publicado nuevas informaciones relativas a la crisis de Banco Popular, puesto que, según El Confidencial[2] , revelan que el banco retrasó ajustes al menos desde el año 2012, coincidiendo con la macroampliación de capital de 2.500 millones que la entidad realizó para evitar un rescate público. Estos documentos también revelan ajustes pendientes en la contabilización de los créditos SIA (sistema de información de acreditados) en 2014. Este modelo permitía que el Banco de España asignara unas coberturas similares a créditos de grandes empresas con exposición en diversos bancos, y de esa forma ahorrarse análisis de cada equipo de inspección. Según los emails, Banco Popular tenía sin clasificar adecuadamente 1.300 millones en grandes créditos de compañías de gran envergadura. Tras la ampliación efectuada el año 2012, Banco Popular siguió su camino hasta que en noviembre del año 2014, comenzó a ser supervisado por el BCE e inició un par de inspecciones a fondo, que llevaron al banco a volver a ampliar capital en junio del año 2016.

Además, se ha conocido que Banco Popular pudo haber inflado sus tasaciones inmobiliarias en un 27%, tal y como informa El Confidencial[3] existen documentos internos que acreditan que hubo una reunión entre el BCE y los responsables del banco, en la que el regulador europeo y los inspectores del Banco de España, transmitieron su disconformidad con las tasaciones que había venido realizando la entidad, sobre todo en mayo de 2016, un mes antes de la última gran ampliación, de 2.500 millones. El BCE —con el apoyo del Banco de España— terminó su revisión en enero de 2018 y concluyó que: «La Inspección ha encontrado evidencias que permiten afirmar que la valoración de un conjunto significativo de activos adjudicados está sesgada al alza«. Esta práctica parece que se vendría realizando al menos desde la ampliación de 2012. Los peritos en el procedimiento de la Audiencia Nacional, que fue presentado en el mes de abril, señalaron que a medida que empeoraba su situación Banco Popular habría usado cada vez más tasaciones no homologadas: «Cabe decir que, según los inventarios de activos adjudicados facilitados por el Banco Popular, la calidad de las tasaciones parece empeorar, de tal forma que en diciembre de 2015 un 11% de los suelos, que son los activos más sensibles a las variaciones del precio de las viviendas, fueron revisados por empresas de tasación no homologadas, y en 2016 este porcentaje se elevó al 34%».

Este no ha sido el único pronunciamiento de nuestros Tribunales sobre la adquisición de acciones de Banco Popular, no sólo en la ampliación de capital del año 2016, sino también en años anteriores. Así, destacamos el pronunciamiento del Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Valladolid que anuló una compra de acciones de Banco Popular por parte de un exempleado de la propia entidad, que adquirió un total de 14.207 títulos del banco en los años 2010, 2011, 2012 y 2016 por valor de 40.676 euros, estableciendo el Juzgado que Banco Popular, a pesar de ostentar la carga de la prueba, no acreditó que la información facilitada a los posibles suscriptores se correspondiera con la imagen real de la entidad, puesto que, no aportó los datos internos de la sociedad que permitirían poder concluir que fueron respetados los deberes de transparencia y tutela de los intereses de los inversores minoristas a lo largo del proceso de reestructuración que padeció desde el inicio de la crisis en el año 2008. Debemos recordar que el BOE publicó la Resolución el 25 de abril de 2018 del ICAC en la que se apreciaban incumplimientos en los trabajos de auditoría realizados sobre las cuentas de Banco Popular del ejercicio 2012, susceptibles de tener un efecto significativo sobre el resultado del trabajo, imponiendo diversas sanciones[4].

Por otra parte, también hay pronunciamientos que anulan la compra de acciones de Banco Popular en el mercado secundario, por entender que la información contable del banco contenía graves errores. De esta manera, el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Gavá anuló la adquisición de un paquete de 6.700 acciones de Banco Popular, que se cerró en el mercado secundario el 28 de marzo de 2017, estableciendo que la información contenida en las cuentas anuales de 2015 era incompleta y que ya desde junio de 2016 Popular presentaba una falta de liquidez y de solvencia que fue enmascarada ofreciendo una imagen sesgada de la realidad (omitiendo el negocio inmobiliario y manipulando ratios de rentabilidad) con el fin de influir en la compra de acciones. Todas estas resoluciones resultan novedosas, toda vez, que las sentencias, hasta ahora conocidas, se centraban en la anulación de las ventas de acciones realizadas por Banco Popular, y no entre particulares en el mercado secundario, y en el marco de la ampliación de capital de 2016[5].

Sacristán&Rivas Abogados recomienda, en aplicación de lo dispuesto en el art. 124 TRLMV, a cualquier inversor que adquirió acciones de Banco Popular Español, incluso con anterioridad al ejercicio 2012, acudir a expertos cualificados en la materia, y exigir un análisis personalizado de su situación, teniendo en cuenta el tipo de inversión, la experiencia previa y las fechas en las que se realizó la misma. Solo después de un análisis, caso por caso, se podrá definir cuál es la vía más adecuada para cada afectado. El objetivo es analizar, en primer lugar, si es viable la reclamación, y, en segundo lugar, cuál es la vía de reclamación que pueda interesar más a cada cliente.

Sacristán&Rivas Abogados

 

[1] https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/30/companias/1569872077_960715.html

[2] https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-09-30/correos-internos-popular-ampliacion-2012-agujero-millones_2261008/

[3] https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-10-01/bce-detecto-tasaciones-infladas-banco-popular-ampliacion_2262772/

[4] http://www.sacristan-rivas.es/banco-popular-3/

[5] http://www.sacristan-rivas.es/acciones-banco-popular/