Anteproyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes

Anteproyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes

La importancia, cada vez mayor, que están adquiriendo las empresas españolas basadas en la innovación, la investigación y el desarrollo, y que por ello pueden ofrecer unos productos y servicios diferenciados que faciliten o mejoren los procesos sociales, económicos, medioambientales o culturales, ha provocado la necesidad de reforzar este ecosistema de empresas emergentes, lo cual se quiere efectuar mediante la aprobación del Programa España Nación Emprendedora, que incluye diversas medidas de reforma normativa y apoyo financiero, entre las que destaca la socialmente conocida como “Ley de Startups”, de próxima tramitación parlamentaria, como también lo será la futura Ley de Creación y Crecimiento Empresarial, que la complementará.

En efecto, el pasado 6 de julio de 2021 se publicó el Anteproyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes (en adelante, el Anteproyecto), fecha en la cual dio inicio el plazo de 15 días hábiles para la participación pública, y que tiene dos fines principales: en primer lugar, establecer un marco normativo específico para apoyar la creación y el crecimiento de empresas emergentes en España; en segundo lugar, establecer un sistema de seguimiento y evaluación de sus resultados sobre el ecosistema español de empresas emergentes.

Teniendo en cuenta estos dos fines que perseguiría la ley, se señalan los siguientes objetivos a realizar para alcanzarlos: i) el fomento de la creación y la relocalización de empresas emergentes en España; ii) atraer talento y capital internacional para desarrollar el ecosistema español de empresas emergentes; iii) estimular la inversión pública y privada en empresas emergentes, mediante la reducción de obstáculos legales de cargas fiscales y sociales, y trámites administrativos, además de utilizar distintas vías para promover la inversión en innovación; iv) favorecer las relaciones entre empresas, agentes financiadores y territorios para aumentar las posibilidades de éxito de las empresas emergentes, con especial atención a zonas rurales, de modo que se configure una red de oportunidades para todos los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia, además de favorecer la desconcentración de población y actividades, y promover la igualdad de derechos y oportunidades en todo el territorio; v) impulsar el acercamiento entre la Formación Profesional y la Universidad y las empresas emergentes; vi) contribuir a incrementar la transferencia de conocimientos de la Universidad y de los organismos públicos de investigación y restantes agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación al mundo empresarial; vii) eliminar las brechas de género existentes en el ecosistema español de empresas emergentes, ya que se considera que España no alcanzará la competitividad deseada si no se toman las medidas necesarias para incorporar al ecosistema el talento de las mujeres; viii) apoyar el desarrollo de polos de atracción de empresas e inversores; ix) impulsar la compra pública innovadora con empresas emergentes; x) garantizar la eficacia y coherencia del sistema estatal de ayudas al emprendimiento basado en innovación; y xi) promover el seguimiento participativo de la evolución del ecosistema español de empresas emergentes y de los resultados de esta ley.

El Anteproyecto incluye un total de veintisiete artículos estructurados en nueve títulos. El Título I “Disposiciones generales”, recoge, en primer lugar, el objeto y los objetivos generales mencionados anteriormente. En segundo lugar, en lo que respecta al ámbito de aplicación, se centra en las empresas emergentes, entendiéndose por tales a toda persona física o jurídica que cumpla con todos estos requisitos: a) Sea de nueva creación o, no siéndolo, cuando no haya transcurrido más de cinco años desde su constitución, con carácter general, o de siete en el caso de empresas de biotecnología, energía e industriales. En este sentido, se excluye que tengan el carácter de empresa de nueva creación, aquellas en las que alguno de los fundadores lo hubiera sido de una primera o segunda empresa emergente que se hubiera beneficiado de esta Ley, con independencia de que hubiera perdido esa condición por extinción prematura de la sociedad; b) No haya surgido de una operación de fusión, escisión o, transformación, aunque sí podrían haber surgido por una concentración o segregación; c) Tenga su sede social o establecimiento permanente en España; d) Al menos el 60% de su plantilla laboral tenga un contrato en España; e) Sea una empresa innovadora, según lo estipulado en el art. 4, que mencionamos a continuación; f) No distribuya ni haya distribuido dividendos; g) No cotice en un mercado regulado ni en un sistema multilateral de negociación; h) Es posible que forme parte de un grupo de empresas ex art. 42 CCom, pero en ese caso el grupo debe cumplir también con todos los demás criterios anteriores.

Las empresas emergentes estarán inscritas como tales en el Registro Mercantil, siendo éste un requisito necesario para poder acogerse a los beneficios de la ley. No obstante, el control del registrador mercantil es preciso para la adquisición o pérdida de esa condición de empresa emergente y, además, no obstante lo señalado, se denegará la inscripción de una empresa emergente cuando se considere por el notario o registrador mercantil que se constituye en fraude de ley, y tampoco se podrán acoger a los beneficios las que hayan sido fundadas o estén dirigidas por alguien que no esté al corriente de pago de sus obligaciones tributarias, esté siendo investigado o haya sido condenado por determinados delitos de tipo socioeconómico.

En lo que se refiere a la consideración del carácter innovador, el art. 4 señala que una empresa es innovadora cuando su finalidad sea resolver un problema o mejorar una situación existente mediante el desarrollo de productos, servicios o procesos nuevos o mejorados sustancialmente en comparación con el estado de la técnica y que lleven implícito un riesgo de fracaso tecnológico o industrial. Para ello, ENISA evaluará el carácter innovador del modelo negocio cada año, sin el cual los emprendedores no podrán acogerse a los beneficios y especialidades de la ley.

Junto a lo anterior, el art. 5 estipula las situaciones en las que dejarían de aplicarse las especialidades de la ley: dejar de cumplir los requisitos previstos para ser considerada empresa emergente, o transcurrir más de cinco (con carácter general) o siete años (caso de empresas de biotecnología, energía e industriales), desde su creación; extinguirse antes de ese plazo; ser adquirida por una empresa no emergente; tener un volumen de negocio anual superior a cinco millones de euros; llevar una actividad que genere un daño significativo al medio ambiente; o que los promotores o administradores hayan sido condenados por sentencia judicial o resolución administrativa por algún tipo delictivo.

Las Disposiciones Generales del Título I finalizan señalando el carácter especial de la ley, en relación con las demás normas del Ordenamiento Jurídico que regulen de manera distinta las mismas materias.

El Título II, por su parte, se centra en los incentivos fiscales, en concreto, en su tributación y posible aplazamiento de las deudas tributarias correspondientes a los dos primeros periodos impositivos en los que la base imponible sea positiva, así como la posibilidad de fraccionar pagos fraccionados.

El Título III lleva por rúbrica “Inversión y talento” y se centra en cuestiones como la atracción de inversión extranjera, regulando la necesidad de tener un número de identificación fiscal de la AEAT; o la posibilidad de aumentar el porcentaje de participaciones en autocartera hasta un 20% con la finalidad de ejecutar un plan de retribuciones.

El Título IV “Formalidades aplicables a la constitución y al cese” se refiere a que el plazo para inscribir a las empresas emergentes y todos sus actos societarios será de cinco días desde el asiento de presentación, salvo que se haga usando estatutos tipo, en cuyo caso, el registrador calificaría e inscribiría dentro del plazo de un día hábil siguiente a la recepción telemática de la escritura. Además, los pactos de socios son inscribibles y gozarán de publicidad registral en el caso de las SL, y se fija el coste de lo aranceles registrales por la inscripción de constitución y cese de actividad, estando exento de tasas el acto de publicación en el BORME.

La actuación de la Administración Pública está especialmente presente en la segunda parte del Anteproyecto. Así, en el Título V “Contratación pública y relación con la administración y funcionarios públicos retribuidos por arancel”, o en el Título VI “Entornos controlados de pruebas”, esto es, para evaluar el impacto de las innovaciones tecnológicas aplicadas a actividades reguladas. A ellas debe añadirse lo previsto en el Título VII, que prevé el apoyo de la Administración pública al desarrollo de programas educativos en materia digital nacidos en la colaboración público-privada.

Sin embargo, mayor contenido tiene el Título VIII “Fomento de las empresas emergentes”, donde se trata la acción estatal de apoyo a estas empresas, con un sistema estatal de ayudas al emprendimiento basado en innovación, se determinan las acciones prioritarias (promoción del establecimiento de fondos de co-inversión para atraer capital privado, fomento para crear redes de contacto y colaboración, financiación de proyectos colaborativos, y reducción de la brecha de género), y se prevé la aprobación de un programa plurianual de ayudas al emprendimiento. Junto a esa acción estatal, también se incluye una mención a las ayudas, vía reducción de garantías, e información sobre convocatorias de subvenciones, además de fomentar el conocimiento y difusión del ecosistema español de empresas emergentes.

Por último, el Título IX da fin al articulado centrándose en el hecho de que se creará el Foro nacional de empresas emergentes, como órgano colegiado, para analizar y debatir las políticas públicas de impulso al emprendimiento, así como también se prevé que el Gobierno llevará a cabo un seguimiento de la aplicación de la ley para comprobar si se cumplen los objetivos de la misma.

Como se puede observar, se trata de una reforma que puede resultar especialmente interesante para el fomento de la actividad emprendedora en España, si bien habrá que atender a su desarrollo parlamentario, ver el texto finalmente resultante y, sobre todo, su aplicación práctica.

En este sentido, les recordamos que en SACRISTÁN & RIVAS ABOGADOS estamos especializados en materia de startups, y a su disposición si así lo estiman conveniente.

 

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