Un juez anula la compra de acciones de Banco Popular adquiridas en el mercado secundario en 2017

Un juez anula la compra de acciones de Banco Popular adquiridas en el mercado secundario en 2017

Un juez ha anulado la compra de acciones de Popular en el mercado secundario, siendo los títulos ajenos a la ampliación de capital del banco de 2016, por entender que la información contable del banco contenía graves errores

El Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Gavá, según publica el diario Cinco Días[1], ha anulado la adquisición de un paquete de 6.700 acciones de Banco Popular, que se cerró en el mercado secundario el 28 de marzo de 2017. De esta manera, se puede observar que los títulos son ajenos a la ampliación de capital de 2.500 millones que Banco Popular realizó en junio de 2016 y sobre la que hay abierto un procedimiento penal, en el que se investiga si la información ofrecida no refleja la imagen fiel de la entidad.

Esta sentencia resulta novedosa, toda vez, que las sentencias, hasta ahora conocidas, se centraban en la anulación de las ventas de acciones realizadas por Banco Popular, y no entre particulares en el mercado secundario, y en el marco de la ampliación de capital de 2016. Recordemos, algunas de estas resoluciones como la del Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Oviedo en Sentencia nº71/2018 de 23 de marzo, que ha anulado la compra en la ampliación de capital de junio de 2016 y otras tres compras realizadas en octubre y noviembre de ese año y el contrato de suscripción de obligaciones subordinadas, que la entidad financiera colocó al cliente en el año 2011. La Sentencia, que es firme, recuerda la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en el caso Bankia. Además, el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Fuengirola anula la orden de compra de 14.261 acciones en la ampliación de capital, realizada bajo la presidencia de Ángel Ron. La Sentencia señala que en el hecho relevante del Banco Popular de 3 de abril de 2017, se anunciaba la revisión de cuatro puntos de las cuentas anuales del ejercicio 2016, apenas 6 meses después de la ampliación de capital y de la apariencia de solvencia transmitida en ésta, alegando la sentencia que el cliente invirtió con una información suministrada por Banco Popular sobre su estado financiero, patrimonial y contable, que no se ajustaba a la realidad y con unas cuentas anuales del ejercicio 2016 que no eran correctas, teniendo que corregir, posteriormente. La Sentencia aún no es firme, por lo que puede ser objeto de recurso por parte de Banco Popular[2].

Por último, el Juez de Primera Instancia nº 5 de Gavá sostiene que la información contenida en las cuentas anuales de 2015 era incompleta y que ya desde junio de 2016 Popular presentaba una falta de liquidez y de solvencia que fue enmascarada ofreciendo una imagen sesgada de la realidad (omitiendo el negocio inmobiliario y manipulando ratios de rentabilidad) con el fin de influir en la compra de acciones[3].

Sacristán&Rivas Abogados recomienda a los inversores acudir a expertos cualificados en la materia, exigir un análisis personalizado de su situación, teniendo en cuenta el tipo de inversión, la experiencia previa y las fechas en las que se realizó la misma. Solo después de un análisis, caso por caso, se podrá definir cuál es la vía más adecuada para cada afectado (la penal, civil o/y administrativa). El objetivo es analizar, en primer lugar, si es viable la reclamación, y, en segundo lugar, cuál es la vía de reclamación que pueda interesar más a cada cliente.

Sacristán&Rivas Abogados

 

 

[1] https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/06/06/midinero/1528302961_667579.html,

[2] http://www.sacristan-rivas.es/banco-popular-2/

[3] https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/06/06/midinero/1528302961_667579.html