Los clientes bancarios deberán ser informados de los honorarios y comisiones de las empresas de servicios de inversión

Los clientes bancarios deberán ser informados de los honorarios y comisiones de las empresas de servicios de inversión

Las empresas de inversión deberán informar a los clientes bancarios sobre los honorarios, las comisiones u otros beneficios monetarios

Recientemente, se ha publicado la Directiva 2017/593[1], relativa a la salvaguarda de los instrumentos financieros y los fondos pertenecientes a los clientes, las obligaciones en materia de gobernanza de productos y las normas aplicables a la entrega o percepción de honorarios, comisiones y otros beneficios monetarios o no monetarios. Así, esta nueva normativa complementa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros, conocida como MiFID II. La nueva Directiva deberá ser traspuesta antes del 3 de julio de 2017.

En primer lugar, debemos apuntar que en diciembre de 2015, la EBA (Autoridad Bancaria Europea), publicó el documento titulado: “Proyecto de Directrices sobre las políticas y prácticas de remuneración relacionados con la venta y el suministro de productos y servicios de banca minorista”, estableciendo una serie de pautas a seguir por los supervisores y reguladores, así como, por las entidades bancarias, para evitar los abusos a clientes en oficinas y fomentar la confianza en el sector bancario. Así, la autoridad europea, trata de impedir, también, los riesgos para las entidades derivados de las multas y penalizaciones que puedan sufrir por mala comercialización de los productos financieros y por una conducta inadecuada, tal y como ha ocurrido en los últimos años. No podemos olvidar, que las entidades financieras para mejorar las cuentas de resultados han colocado a sus clientes productos que no se ajustaban a sus perfiles y objetivos de inversión, siendo productos que en, muchos casos, conllevaban el cobro de fuertes sobreprecios o márgenes ocultos. Por este motivo, la institución elaboró estas Directrices sobre las buenas prácticas de remuneración del personal de las sucursales, encargado de la comercialización de los productos[2].

Esta nueva Directiva señala que las empresas de inversión han de establecer medidas adecuadas y específicas que garanticen la salvaguarda de los instrumentos financieros y los fondos de los clientes. MiFID II restringió la posibilidad de que las empresas de servicios de inversión perciban incentivos con el objetivo de reforzar la protección de los clientes. A tal efecto, la nueva normativa en el Considerando 21 entiende necesario avanzar en la especificación y la definición de la condición de que los incentivos eleven la calidad del servicio al cliente. De esta manera, se establece la obligación de realizar una lista no exhaustiva de situaciones consideradas pertinentes respecto a la condición de que los incentivos eleven la calidad del servicio al cliente correspondiente.

Así las cosas y según dispone el Considerando 22, las empresas de servicios de inversión sólo podrán cobrar honorarios, comisiones o beneficios no monetarios, cuando lo justifique la prestación de un servicio adicional o de nivel superior al cliente pertinente, pudiendo ser este servicio adicional, por ejemplo, el asesoramiento en materia de inversión en varios productos financieros y el acceso a los mismo. Este valor de las mejoras de calidad que la empresa de inversión proporcione a los clientes receptores del servicio pertinente ha de ser proporcional a los incentivos percibidos por dicha empresa.

En definitiva, la Directiva hace hincapié en la importancia de informar a los clientes de los honorarios, comisiones u otros beneficios monetarios, con el fin de garantizar que los clientes tengan una panorámica exhaustiva de la información pertinente relativa a los servicios prestados. Pues bien, el Capítulo IV arts. 11 y siguientes denominado incentivos establecen la obligación de especificar detalladamente a los clientes todos los honorarios, comisiones o beneficios monetarios percibidos de terceros en relación con el asesoramiento en materia de inversión prestado de manera independiente o los servicios de gestión de carteras. Además, la Directiva dispone que no podrá proporcionarse una información inadecuada con el fin de comercializar un producto por la comisión a percibir, y, en este sentido, señala el art. 11.2: “Los honorarios, comisiones o beneficios no monetarios no se considerarán aceptables si la prestación de servicios correspondientes al cliente está sesgada o distorsionada como resultado de tales honorarios, comisiones o beneficios.”

En consecuencia, tanto la Directiva como los supervisores nacionales e internacionales, tratan de evitar las malas praxis en la comercialización de productos financieros, puesto que, tanto la retribución de las empresas de servicios de inversión como las comisiones cobradas, han provocado que, en muchos casos, se comercializaran productos en provecho propio y en contra de los intereses de sus clientes, cumpliendo el principio de diligencia y mejor ejecución. Además, no podemos olvidar que esta cuestión está íntimamente relacionada con los conflictos de interés y la asimetría en la información existente a la hora de comercializar productos financieros a los clientes. Concretamente, la retribución variable de los empleados de banca, supone un riesgo significativo de que el personal de ventas explote a su favor, en vez de mitigar, las asimetrías en la información, suponiendo un grave perjuicio para el consumidor y las Pymes. Además, la CNMV también se ha pronunciado recientemente, en relación a esta cuestión, señalando que se generaron incentivos perversos que tuvieron efectos dañinos para todos. Las entidades financieras tienen la obligación, y así lo establece el art. 195 del Real decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, al adoptar medidas para detectar los posibles conflictos de interés entre sus clientes y la propia empresa o grupo. Además, deben aprobar una política de gestión que sea eficaz, destinada a impedir que los conflictos de interés puedan perjudicar los intereses de sus clientes. Por lo tanto, las entidades financieras deben comunicar a sus clientes y advertirle sobre el riesgo de conflictos de interés existente en la operación objeto de suscripción, debiendo, además, gestionarlas de tal manera que, en ningún caso, perjudiquen los intereses de los clientes.[3]

Sacristán&Rivas Abogados recomienda, que todos los particulares y las empresas que tengan algún producto financiero, a la luz de la jurisprudencia reciente y la normativa, revisen las contrataciones efectuadas en esta materia, y acudan, cuanto antes, a expertos cualificados en la materia para la realización de un estudio sobre la valoración del producto financiero y el cobro de comisiones, para poder plantearse las posibilidades de una reclamación, si así interesa, estando este Despacho especializado, entre otros aspectos, en las acciones dirigidas a la reclamación de las comisiones ocultas cobradas al cliente en los productos financieros.

Sacristán&Rivas Abogados

Sacristán&Rivas Abogados. Especialistas en Derecho Bancario y Productos Financieros

[1] http://www.boe.es/doue/2017/087/L00500-00517.pdf

[2] http://www.legaltoday.com/practica-juridica/mercantil/bancario/la-autoridad-bancaria-europea-trata-de-evitar-abusos-a-los-clientes-minoristas-de-banca

[3] http://www.legaltoday.com/practica-juridica/mercantil/mercado-de-valores/los-conflictos-de-interes-en-la-contratacion-de-productos-financieros-complejos?voto=5