Incumplimiento del deber de colaboración con la administración concursal y condena a la cobertura del déficit

Incumplimiento del deber de colaboración con la administración concursal y condena a la cobertura del déficit

La STS 650/2016, de 3 de noviembre de 2016 (ponente: D. Rafael Saraza Jimena) se refiere a un tema que ha sido objeto de innumerables resoluciones, tanto por el TS como por la «pequeña jurisprudencia»: la calificación del concurso como culpable y a la eventual condena a la cobertura del déficit.

En el supuesto de autos, el recurso de casación (dejamos al margen todo lo relativo al recurso por infracción procesal) tuvo por objeto dos conductas que determinaron la calificación del concurso culpable: la no aportación de determinados documentos al concurso (en concreto, el inventario de bienes y derechos, la relación de acreedores y las cuentas anuales de la entidad concursada correspondientes a los tres últimos ejercicios), y el incumplimiento por el administrador social de su deber de colaborar con la administración concursal.

En relación con la primera de las conductas, el TS afirma que la no aportación de dichos documentos no constituye una conducta encuadrable en el art. 164.2.2º LC, a tenor del cual «en todo caso» el concurso se calificará como culpable «cuando el deudor hubiera cometido inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud de declaración de concurso o presentados durante la tramitación del procedimiento, o hubiera acompañado o presentado documentos falsos». Y es que, apoyándose en las resoluciones recaídas en los Tribunales de instancia, afirma que la concurrencia de dicha causa requiere que haya una falta de adecuación a la realidad de la información contenida en un documento auténtico y válido, sea de manera intencionada o por infracción de la diligencia debida. En el caso presente –razona el TS- no hubo inexactitud grave en la documentación acompañada con la solicitud de concurso sencillamente porque los documentos mencionados no se aportaron. El TS recuerda además que la existencia como causa de culpabilidad diferenciada de otras requiere que dicha inexactitud (que, insistimos, no se dio en el caso de autos) no haya sido incluida en otro precepto preferente (por ejemplo, en la conducta prevista en el art. 164.2.1º LC, relativo a la presunción iuris et de iure de culpabilidad del concurso por haber cometido «irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera»).

Por el contrario, y en lo que se refiere al deber de colaboración con la administración concursal, dicha conducta está prevista en el art. 165.1.2º LC como causa de presunción iuris tantum del concurso como culpable. El TS razona que, en el caso presente, no puede estimarse la alegación del recurrente de que no pudo prestar la colaboración requerida porque el clima social de la empresa lo impidió y de que la administración concursal no le solicitó dato alguno. Es más, tampoco puede estimarse que dicha colaboración no era necesaria en tanto la administración concursal no necesitó solicitar la adopción de ninguna medida al juez del concurso, pues ello lo que demuestra es la diligencia de la administración concursal en el cumplimiento de sus funciones.

Por último, tiene interés lo relativo a la condena del déficit, que los recurrentes consideran improcedente debido a la falta de motivación de dicha condena en la sentencia de apelación, falta de motivación que consideran incompatible con la naturaleza resarcitoria de la misma. El TS comienza recordando, entre otras cosas, que conforme a sus sentencias de 6 de octubre de 2011 y de 9 de junio y 14 de julio de 2016, la condena a los administradores de la sociedad a la cobertura del déficit no es una consecuencia necesaria de la calificación del concurso como culpable, sino que requiere de una «justificación añadida», esto es, «alguna razón adicional relacionada con lo que es objeto de la condena, la cobertura total o parcial del déficit, que lo justifique».

Y –he aquí lo más interesante de la sentencia- aunque el propio TS señala que, en efecto, la justificación de la condena en la sentencia de la Audiencia Provincial fue escueta, añade que el examen de la sentencia en su conjunto permite apreciar cuál es el grado de participación del condenado en los hechos que han determinado la calificación del concurso como culpable, así como la gravedad de dichas conductas: la participación del administrador en los hechos que determinaron la calificación culpable del concurso fue total, ya que se trataba del administrador único y las conductas fueron realizadas por él mismo, correspondiendo al administrador social la obligación de llevanza de la contabilidad, la de tomar la iniciativa para la presentación de la solicitud de concurso y la de colaborar con la administración concursal, todo lo cual le es imputable directamente.

En cuanto a la «justificación añadida», el TS estima que dichas conductas son de tal gravedad que justifican la condena a la cobertura del déficit, y ello incluso con la naturaleza resarcitoria que tiene esta condena tras la reforma operada en la LC por el Decreto-Ley 4/2014. Reproducimos a continuación la argumentación del TS (las cursivas son nuestras):

«[…] esta sala ha declarado que en el régimen legal anterior a la reforma operada por el Decreto Ley 4/2104, de 7 de marzo, la responsabilidad concursal no tiene una naturaleza resarcitoria que exija la prueba de la relación de causalidad entre la conducta del administrador y el déficit concursal a cuya cobertura se le condenaba. Asimismo hemos manifestado en varias sentencias que dada la relación existente entre la norma del artículo 172.bis de la Ley Concursal, y algunas de las que le sirven de precedente, como son las del art. 164.2, no es procedente condicionar la condena del administrador a la concurrencia de un requisito que no es exigido. Pero una irregularidad contable tan grave como la que consiste en la ausencia de contabilidad, durante un periodo prolongado de tiempo, y que impide conocer hasta qué punto la insolvencia ha sido generada o agravada por los incumplimientos del administrador social, revela una gravedad objetiva de una entidad tal que, junto con las demás conductas apreciadas, justifica la condena a la cobertura total del déficit concursal, teniendo en cuenta el grado de discrecionalidad con que cuenta el juez del concurso en la aplicación de dicho precepto legal.

»Esta justificación sería aún mayor en el nuevo régimen legal del art. 172.bis.1 de la Ley Concursal, en la redacción dada por el Decreto Ley 4/2104, de 7 de marzo, y la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, en el que la condena del administrador social a la cobertura total o parcial del déficit procede «en la medida que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia», puesto que en tal régimen, el administrador que con su conducta ha provocado la imposibilidad o extrema dificultad en determinar la existencia de tal relación de causalidad no puede resultar favorecido por su propia conducta ilícita».

Lo anterior demuestra que la calificación del concurso como culpable y la condena a la cobertura del déficit podrían haberse evitado si el deudor hubiera colaborado con la administración concursal.

Sacristán&Rivas Abogados