Cooperativa de Enseñanza: Reembolso de aportaciones. Improcedencia de imputación de pérdidas

Cooperativa de Enseñanza: Reembolso de aportaciones. Improcedencia de imputación de pérdidas

El Juzgado de lo Mercantil nº6 de Madrid estima la demanda presentada por Sacristán &Rivas en nombre de un cliente, solicitando que se condenara a una Cooperativa de enseñanza al reembolso de las aportaciones al capital social. Improcedencia de la imputación de pérdidas efectuada. Actos propios de la Cooperativa.

SENTENCIA Nº59/2015, del Juzgado de lo Mercantil nº6 de Madrid de once de febrero de dos mil quince. (Resumen)

La parte actora reclama a la demanda la devolución de la cantidad que le falta por percibir, de la cantidad total aportada al capital social de la Cooperativa. El Consejo Rector en fecha 1 de junio de 2010 acordó calificar su baja como voluntaria y justificada y reconoció la devolución de la cantidad total aportada, en dos plazos. Estando conformes con la resolución, los clientes no la recurrieron. El 6 de septiembre de 2013 recibió una nueva comunicación, en este caso de la Presidencia de  la Cooperativa, indicándole que se le imputaban pérdidas a sus aportaciones y la cuantía a devolver quedaba reducida, eludiendo así, el pago de la cantidad pendiente de devolución.

La parte demandada, por el contrario, plantea que la comunicación de fecha 1 de junio de 2010 era la aceptación de la baja de la socia, siendo imposible que a esa fecha se hubiere realizado una liquidación, y que la misma, exige la imputación de pérdidas en cumplimiento de lo establecido en la normativa y que tal liquidación debe de efectuarse tras la aprobación de cuentas anuales, que en el supuesto de autos, acaeció el día 7 de febrero de 2010.

Conforme a la Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid, aplicable al caso, el art. 55 apunta: “los Estatutos Sociales regularán el reembolso de las aportaciones al capital social, en su caso actualizadas, en el supuesto de baja en la cooperativa. La liquidación de las aportaciones se hará según el balance de la situación correspondiente al semestre en que se haya producido la baja”. Así se reconoce un derecho de reembolso de los socios cooperativistas para el caso de solicitud de baja, pero con la corrección de valor de la suma aportada en función de la fluctuación del patrimonio de la cooperativa.

“De los hechos declarados como probados en el Fundamento jurídico Primero, el acuerdo del Consejo Rector de fecha 1 de julio de 2010 contenido en la carta enviada a la demandante en fecha 1 de julio de 2010 (DOC 2) dispone expresamente que tal órgano ha estudiado detenidamente la solicitud de baja formulada por la demandante, la declara como justificada, y “en virtud de los establecido en el Régimen Estatutario, se reconoce la cantidad a devolver en xxxx euros”, matizando que tal liquidación se ha hecho teniendo en cuenta la situación económica en la que se encontraba la Cooperativa en esos momentos.”

Atendiendo a la redacción clara y contundente del acuerdo suscrito por el Consejo Rector de la Cooperativa, se procedía a reembolsar la totalidad de las aportaciones, quedando patente que las liquidaciones se habían efectuado conforme a la situación económica en la que se encontraba la Cooperativa y, por lo tanto, el cambio de criterio a posteriori no puede afectar a un tercero de buena fe que recibió la comunicación en nombre de la Cooperativa, “sin que le sea oponible tres años más tarde que tal decisión era una mera propuesta respecto del valor nominal de las aportaciones y que lo que procede es imputar ahora las pérdidas en el cumplimiento de lo dispuesto por la legislación.”

La adopción de una decisión desacertada por parte de la Cooperativa, no puede afectar a la seguridad y garantía que ésta debe otorgar a sus socios, quedando sus derechos violentados de forma repentina. “Ha de admitirse la plena efectividad jurídica de los acuerdos cooperativos, y la vinculación a su contenido para los socios como para la propia persona jurídica y sus órganos. Una vez adoptados estos acuerdos surten plenos efectos, integrándose en el acervo jurídico de la cooperativa, y únicamente se puede eliminar dicha efectividad procedimiento o bien a su impugnación en vía judicial, o bien a ser dejados sin efecto por otro acuerdo de la cooperativa, mediante lo cual se ofrece a los socios disconformes la posibilidad de impugnar tales acuerdos revocatorios de otros, ya que si no se genera una indefensión de los socios afectados, que carecen de la posibilidad de atacar esa manifestación de la cooperativa. ”

No se pueden aplicar las deducciones sobre las cantidades a percibir por derecho de reembolso como regla general. La excepción se prevé en los arts. 55.2 de la Ley 4/1999 y 51.3 de la Ley 27/1999. “Para que las pérdidas puedan ser imputadas al socio se requiere que estén contabilizadas como tales pérdidas por la cooperativa, para ellos hemos de centrarnos en el balance de situación correspondiente al ejercicio en que se ha producido la baja, obrante en autos. Por otra parte se exige que exista, conforme dispone el art. 61.2, la opción para los supuestos en los que las pérdidas no puedan haber sido compensadas mediante su cargo a la totalidad de las reservas voluntarias y al 50% de las reservas obligatorias. Finalmente otro de los requisitos para poder imputar las pérdidas al socio es que la asamblea general que haya decidido sobre la forma en que se procederá a la satisfacción de la deuda de cada socio [art.61.3d), párrafo segundo de la Ley 4/1999 y art. 29.3.d, párrafo segundo, de los estatutos]” Para que las pérdidas hubieren sido imputables a nuestros clientes debieran haber sido contabilizadas por la cooperativa, centrándose ésta en el balance de situación correspondiente al ejercicio en el que se haya producido la baja. Cuando se produjo la misma, la Cooperativa no imputo pérdidas a nuestros clientes y acordó devolver la cantidad inicial aportada al capital social.

A pesar de que la cooperativa haya procedido a calcular las pérdidas que serían imputables al socio, es requisito imprescindible en el marco normativo de los Estatutos y de la legislación, el acuerdo de la sociedad cooperativa de la forma en que se va a satisfacer la deuda, acuerdo que será adoptado por la Asamblea General de socios en el momento de aprobación de las cuentas anuales de cada ejercicio (art. 61), y de aplicación de su resultado. El objetivo es lograr dar una plena publicidad de la situación contable de la cooperativa, reflejando las pérdidas del ejercicio, y se ofrece al socio la posibilidad de someter a control judicial el acuerdo de aprobación de cuentas anuales, para determinar si refleja o no la imagen fiel del patrimonio cooperativo, y la del acuerdo de aplicación de resultado, lo que debe servir de base precisamente a la actualización de los socios.

En conclusión, se estima que la demandada deberá hacer efectivo el acuerdo del Consejo Rector de la Cooperativa de fecha 2 de julio de 2010 por el que se calificaba la baja del socio y se liquidaban sus aportaciones conforme a la situación económica en la que se encontraba la Cooperativa en el momento de la baja de los socios. De esta manera, la Cooperativa tendrá que hacer frente al pago de la cantidad acordaba, más el interés legal desde la fecha de interposición de la demanda por su directa responsabilidad por incumplimiento y la imposición de costas.

 

Sacristán&Rivas Abogados

Sacristán&Rivas, Abogados especialistas en Cooperativas