Cooperativa de viviendas. Reintegro de aportaciones

Cooperativa de viviendas. Reintegro de aportaciones

Condena al reintegro de las aportaciones por baja del socio. Acuerdo del Consejo Rector sobre la calificación de la baja que carece de efectos al no constar su notificación. Duras críticas a la Cooperativa por su forma de actuar

La Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado Sentencia de fecha 11 de mayo de 2018 en recurso de apelación 390/2016, confirmando la Sentencia recaída en primera instancia en Procedimiento Ordinario dirigido por Sacristán & Rivas SLP, en defensa de los intereses de un socio de una cooperativa de viviendas, para la recuperación de las aportaciones realizadas para la adquisición de su vivienda, ante la negativa de la cooperativa al reintegro de tales aportaciones alegando que el plazo para devolución no se había cumplido según los Estatutos Sociales.

Como fundamento de su negativa, la cooperativa de viviendas alegó que el plazo que correspondía para la devolución de las aportaciones no era el aplicable a una baja justificada, como defendía el socio, sino a una baja no justificada, sobre la base de que existía un acuerdo del Consejo Rector en el que así se había calificado la baja. Sin embargo y aún en el hipotético caso de que este acuerdo hubiera existido, el mismo no habría sido notificado al socio interesado, por lo que, carecía de efectos.

Hay otras razones por las que el recurso de apelación interpuesto por la cooperativa es rechazado por la Audiencia Provincial pero, centrándonos en lo que ahora nos interesa resaltar, la Sentencia dice:

“El planteamiento de la recurrente trata de privar de relevancia a dos datos que consideramos de sumo interés. El primero, que no hay constancia de que el referido acuerdo del órgano rector, en el sentido de una calificación desfavorable, llegara a ser notificado al demandante (y la carga de la prueba a este respecto incumbía a la parte demandada- artículo 217.3 de la LEC), por lo que nunca podría reprochársele al Sr.(…) su inacción frente a aquél. El segundo es todavía más grave, si cabe, pues no estamos ante una mera situación de pasividad de la cooperativa a este respecto, que pudiera salvarse practicando la notificación omitida, sino que está demostrado, documentalmente, que al interesarse el actor por la suerte de la liquidación de su baja, las respuestas que obtuvo de la cooperativa a sus sucesivos requerimientos fueron las siguientes: 1º) a su comunicación de baja, se le dijo que la misma ya estaba tramitada, que la que iba a ser su vivienda ya estaba vendida a otro y que la devolución de cantidades se efectuaría en cuanto la sociedad dispusiera de fondos, pero respetando el plazo máximo de 18 meses (correo electrónico de 19 de agosto de 2011); 2º) cuando reclamó el pago del reembolso correspondiente, indicando que 18 era el máximo de la baja justificada, pero que ya había habido sustitución de socio, se le contestó que era cierto que le correspondía a la cooperativa hacerle efectivo el derecho a la liquidación al haberse adjudicado la vivienda a un tercero, pero que no disponía entonces de liquidez y que a medida que solventara esa situación iría haciendo efectivo el pago al actor (carta de 4 de noviembre de 2011); y 3º) al insistir el Sr. (…) en su reclamación en sus planteamientos, se le indicó que la cooperativa se ratificaba en las respuestas precedentes de su entidad gestora (carta de 8 de febrero de 2012)

(…)

Esta secuencia fáctica pone de manifiesto que la cooperativa no sólo nunca notificó al demandante que su baja hubiera sido calificada de injustificada, sino que lo que le transmitió fueron noticias de que justamente lo decidido habría sido precisamente lo contrario, pues sólo como tal puede entenderse que le remitiera expresamente al plazo máximo de 18 meses para conseguir la devolución, lo cual solo tiene aplicación para las bajas justificadas”.

A continuación, la Sentencia es crítica sobre la actuación de la Cooperativa, por mantener una conducta que es contraria a sus propios actos y, a este respecto dice:

“Lo que no resulta de recibo es que en la cooperativa se crease estado, de manera clara e inequívoca, con respecto a determinada situación (en este caso, con respecto a la relación jurídica con el demandante, al que se hizo ver que gozaba del derecho a la liquidación consecuente a una baja voluntaria justificada) y luego, después de que el que fuera socio hubiese estado aguantando pacientemente todas las esperas que se le hubiesen ido imponiendo, cuando éste tiene que dar el gravoso paso de acudir a juicio, se pretenda por la sociedad sorprenderle cambiando los términos de lo que había sido el motivo de la polémica entre ellos (que se había ceñido, según está documentalmente demostrado, a si tenía que satisfacer el importe de la liquidación de inmediato, al haber subentrado ya un nuevo socio, o había que esperar un máximo de 18 meses o hasta que la cooperativa consiguiera liquidez). Admitir ese tipo de planteamientos de la cooperativa supondría sumir en el ostracismo al socio afectado y abrir la puerta a la incertidumbre, lo que no es de recibo en el tráfico mercantil

(…)

lo que no puede considerarse admisible es que la cooperativa, una vez que se vio demandada, pretendiera tratar de desentenderse de las consecuencias jurídicas inherentes a ese estado de las cosas”.

Y la Sentencia sigue centrándose en la forma de actuar de la cooperativa, aun dando por bueno hipotéticamente que el acuerdo del Consejo Rector no notificado se haya producido efectivamente, y dice que:

“Las eventuales deficiencias del procedimiento de calificación constituyen un problema sólo imputable a la propia cooperativa, siendo lo relevante que la sociedad ha creado una expectativa al socio que ha motivado una justificada confianza al respecto por parte del interesado, por lo que no cabe permitirle a aquella que trate de actuar luego de forma incoherente con ello.”

Además, y comoquiera que la Cooperativa trataba de escudarse en eventuales defectos de actuación de su Gestora, la Audiencia considera pertinente recalcar que:

“La sociedad cooperativa está sujeta a una responsabilidad para con sus socios como consecuencia de la baja de los mismos que no puede declinar con la excusa de haber recibido un mal asesoramiento por parte de su gestora o de sus asesoría jurídica o una mala praxis de sus propios empleados. Sobre la sociedad cooperativa pesa una responsabilidad propia que viene referida al reembolso al socio que causa baja del resultado de la liquidación de sus aportaciones (55 de la Ley 4/1999 Ley de Cooperativas de la Comunidad de Madrid, en relación con los artículos y 25 14 de los estatutos sociales, y artículo 51 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de ámbito estatal). Lo que no puede oponerse al derecho de los socios son los problemas de deficiente gestión de la cooperativa (que sólo tienen relevancia entre gestora y entidad cooperativa o entre los propios órganos de ésta) ni los defectos en los que ésta haya podido incurrir en la tramitación de la baja o en lo que debió ser el correcto decurso del proceso de liquidación, lo que solo incumbe a ámbitos de responsabilidad ajenos al socio demandante. La responsabilidad contractual que pueda tener la gestora, los profesionales o los empleados que prestaban sus servicios para la cooperativa no resulta excluyente de la responsabilidad orgánica que esa entidad tiene para con sus socios por las aportaciones efectuadas a la misma”

Sacristán & Rivas Abogados, al poner de manifiesto el contenido de esta importante Sentencia, quiere resaltar ante los socios cooperativistas que se encuentren en la situación de tener que reclamar el importe de sus aportaciones a una sociedad cooperativa de viviendas como consecuencia de su baja que, es en este momento, en el que se producen continuas tensiones que acarrean el perjuicio de los socios ya sea por la pretensión indebida de la cooperativa, en muchos casos, de imputar pérdidas indebidas que merman las cantidades a reintegrar o, aplicar criterios improcedentes para calificar las bajas como no justificadas cuando lo son y, en otras ocasiones, por no tener en cuenta el debido cómputo de los plazos o ignorar circunstancias tales como la sustitución por un tercero del socio que se ha dado de baja, como adjudicatario de la vivienda que este tenía atribuida. En estas circunstancias, se hace necesario recurrir a un Despacho especializado para que asesore debidamente en los pasos que han de darse, desde el mismo momento de la solicitud de baja y, con posterioridad, en la reivindicación de los derechos que le correspondan. Sacristán & Rivas Abogados, como Despacho especializado en la materia, se pone al servicio de los socios cooperativistas que se encuentren en tales circunstancias.

Sacristán&Rivas Abogados

Abogados especializados en Cooperativas