Las Cooperativas de enseñanza de trabajo asociado y la difícil justificación ideológica y jurídica de la privación de ayudas a la enseñanza concertada
En la postura mantenida por el Gobierno, según se nos informa, respecto a la exclusión de la enseñanza concertada de las ayudas económicas previstas para paliar los efectos de la crisis COVID19, contemplando únicamente como beneficiarios a los centros públicos de enseñanza, se está cometiendo un gravísimo error pues el sectarismo subyacente está impidiendo ver la realidad de la enseñanza concertada.
La enseñanza concertada no guarda correlación necesaria con la enseñanza impartida con instituciones o entidades religiosas, aunque sin duda, haya centros que tengan estas características y que, en ningún caso, por tal motivo, tendrían que ser excluidos de recibir tales ayudas. El sectarismo, hace que el Gobierno, una vez más, no valore con objetividad la situación y no se de cuenta de que tal discriminación, está perjudicando frontalmente a los miles de trabajadores que, en toda España, se integran en las Cooperativas de Trabajo Asociado. Veamos:
La Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, en su art.103.3 nos dice que: “cuando la Cooperativa de Enseñanza asocie a profesores y personal no docente y de servicios, le serán de aplicación las normas de la presente Ley reguladoras de las Cooperativas de Trabajo Asociado” y, el art.80 de la misma norma, establece que: “son cooperativas de trabajo asociado las que tienen por objeto proporcionar a sus socios puestos de trabajo, mediante su esfuerzo personal y directo, a tiempo parcial o completo, a través de la organización en común de la producción de bienes o servicios para terceros”.
En el mismo o similar sentido, se pronuncian la totalidad de las leyes autonómicas de cooperativas.
Bastaría con que el Gobierno se documentara al respecto, para llegar a la conclusión del gran número de Cooperativas de Enseñanza que, sin ninguna vinculación religiosa, se encuentran dentro de la enseñanza concertada. Son miles de trabajadores, docentes y no docentes, incorporados a las citadas cooperativas que van a ser abandonados por el Gobierno sin ninguna justificación, ni siquiera de tipo ideológico. ¿En base a qué razones se abandona a unos trabajadores que encontraron en las cooperativas de enseñanza su forma de ganarse la vida? ¿Cómo va a explicar el Gobierno a estos trabajadores que no es sensible a la protección de tales soluciones empresariales impulsadas, en numerosas ocasiones, como solución a crisis económicas y como remedio para que esos trabajadores no quedaran en la calle?
Un Gobierno progresista, no puede favorecer semejante injusticia pues, la misma, no tendría base jurídica ni ideológica y supondría un auténtico desprecio a un sector de la enseñanza que, en definitiva, pretende proporcionar a sus socios trabajadores puestos de trabajo.
SACRISTÁN & RIVAS Abogados