Exoneración del pasivo insatisfecho

Exoneración del pasivo insatisfecho

La STS núm. 381/2019, Sala de lo Civil, de 2 de julio de 2019, resuelve el recurso presentado por la AEAT relativo a la solicitud de un deudor persona física para ser beneficiario de la exoneración del pasivo insatisfecho, basándose en tres motivos: infracción del art. 178 bis 3 LC; infracción del art. 178 bis 3.4.º y 5.º LC; e infracción del art. 178 bis 6 LC.

En concreto, se trataba de un deudor que había sido declarado en concurso en el año 2010, teniendo reconocidos la AEAT como créditos en los textos definitivos de la lista de acreedores los siguientes: un crédito con privilegio especial del art. 90.1 LC de 465,63 euros; un crédito con privilegio general del art. 90.2.º de 1.926,81 euros; un crédito ordinario de 3.672,86 euros y otro subordinado de 88,20 euros.

Tras la realización del activo, la administración concursal interesó en enero de 2015 la terminación del procedimiento por insuficiencia de activo, instando el deudor en abril de ese mismo año la exoneración del pasivo insatisfecho debiendo en ese momento a la AEAT un crédito contra la masa de 821,41 euros y el crédito con privilegio general del art. 90.2.º de 1.926,81 euros.

La AEAT mediante la demanda de incidente concursal solicitó expresamente la denegación del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, contestando el deudor con una propuesta de pago de los créditos contra la masa y privilegiados: los primeros los pagaría en el plazo de un mes; los segundos en cinco pagos mensuales; así como también ofrecía un calendario de pago respecto al crédito con privilegio general de la TGSS. El Juzgado de lo Mercantil admitió la alteración de la solicitud de exoneración de pasivo y apreció que con ello se cumplían los requisitos legales, acordando así la exoneración del pasivo insatisfecho y que los créditos contra la masa y privilegiados no afectados por la exoneración fueran satisfechos conforme al plan de pagos. Esta sentencia fue recurrida en apelación por la AEAT, recurso que fue desestimado por la Audiencia, frente a la cual se presenta el recurso de casación objeto de la presente sentencia articulado en tres motivos:

–          Infracción del art. 178 bis 3 LC: buena fe del concursado.

En lo que respecta al requisito de la buena fe, éste no se refiere al concepto general del art. 7.1 CC, sino al cumplimiento de los requisitos enumerados en el art. 178.3 LC: que el deudor no haya sido declarado culpable; que en los diez años anteriores no hubiera sido condenado por sentencia firme por una serie de delitos patrimoniales; que se hubiera optado por el procedimiento del acuerdo extrajudicial de pagos y que, frustrada su consecución o cumplimiento, se hubiera acabado en el concurso consecutivo; y que, en función de la alternativa que se tome, la exoneración inmediata del ordinal 4.º o la exoneración en cinco años del ordinal 5.º, se cumplan otras exigencias propias de esa alternativa.

Por tanto, el requisito de la buena fe debe limitase a esos requisitos y no a otros, como puede ser el hecho de que en la solicitud inicial se hubiera omitido la existencia de un crédito contra la masa que luego, al oponerse la AEAT, fue admitida.

–          Infracción del art. 178 bis 3.4.º y 5.º LC: la elección de la vía de exoneración por la que se opta debe ser expresa e inmodificable.

El deudor solicitó inicialmente la vía del ordinal 4.º, y ante la demanda de oposición de la AEAT, optó por la del ordinal 5.º.

Frente al criterio de la AEAT que estima que la elección de una vía de exoneración debe ser expresa e inmodificable, el Tribunal Supremo estima que no hay inconveniente en que el deudor opte formalmente por otra alternativa, “siempre y cuando se cumplan las garantías legales que permitan la contradicción sobre el cumplimiento de los requisitos propios de la alternativa del ordinal 5.º. Garantías que no consta se hayan vulnerado, porque la AEAT ha podido contradecir el cumplimiento de los requisitos que justificarían la exoneración por el cauce del ordinal 5.º. Y de hecho lo hace al oponer que se extiende el plan de pagos al crédito público, cuando a su juicio no es posible si no se solicita conforme a la normativa específica administrativa.”

–          Infracción del art. 178 bis 6 LC: el plan de pagos no puede acordar aplazamientos o fraccionamientos del crédito público.

De acuerdo a la AEAT, este precepto impide al juez del concurso que imponga unos plazos al acreedor público para el cobro de los créditos cuando afirma que “Respecto a los créditos de derecho público, la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se regirá por lo dispuesto en su normativa específica”. Por tanto, se veda al juez del concurso la imposición de unos plazos al acreedor público para el cobro de los créditos que no pueden ser exonerados.

Para dar respuesta a esta última cuestión, el TS realiza una interpretación del art. 178 bis 3.5º LC, que parte de diferenciarlo del art. 178 bis 3.4º LC. Este último recoge todos los requisitos para poder otorgarse la exoneración inmediata. Sin embargo, en el caso del art. 178 bis 3.5º LC, que permite la exoneración total de los créditos una vez transcurridos cinco años, los requisitos para la exoneración deben completarse con lo dispuesto en otras reglas dispersas fuera del apartado 3. En concreto, en los apartados 5 y 6 del art. 178 bis LC, dada la remisión que realiza el primer requisito del art. 178.3.5º LC al apartado 6 (“acepte someterse al plan de pagos previsto en el apartado 6”), y éste al apartado 5.

Esta vía alternativa del art. 178 bis 3.5º LC pretende facilitar la concesión del beneficio, y que se cumpla el requisito del pago de los créditos contra la masa y privilegiados, para lo cual concede un plazo de cinco años, si bien exigiendo un plan de pagos en el que se planifique el cumplimiento. Por tanto, si el plan de pagos afecta únicamente a los créditos contra la masa y los privilegiados, la exoneración alcanza a todos los créditos ajenos al plan de pagos.

Respecto a que la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de los créditos de derecho público se regirán por su normativa específica, señalada en el último párrafo del art. 178 bis 6 LC, la Sentencia considera que es contradictoria con lo estipulado en la misma de que se prevea un plan para asegurar el pago de los créditos contra la masa y privilegiados en cinco años. Estima que una vez aprobado judicialmente un plan de pagos, no se puede dejar su eficacia a una posterior ratificación de uno de los acreedores, como sería en este caso el acreedor público, y afirma que los mecanismos administrativos para la condonación y aplazamiento de pago no tienen sentido en una situación concursal. La contradicción señalada haría prácticamente ineficaz la consecución de la finalidad perseguida por el art. 178 bis LC, que sería el poder alcanzar en algún caso la exoneración plena de la deuda.

Sacristán & Rivas Abogados, a la vista de la presente Sentencia del Tribunal Supremo, recomienda a aquellos interesados en alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos o en solicitar que se les conceda el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, que se pongan en manos expertas, estando este despacho especializado en estas materias y a su disposición a tales efectos.

Sacristán&Rivas Abogados