Inversores cualificados

Inversores cualificados

El Tribunal Supremo ha reiterado su doctrina en relación con la responsabilidad del folleto informativo frente a los inversores cualificados, cuando se produce una ausencia de medios adicionales de información o de relaciones con el emisor que le hubieran permitido conocer la situación real de esa entidad

El Tribunal Supremo en Sentencia nº225/2022, de 24 de marzo, ha reiterado su doctrina sobre la extensión de la responsabilidad del contenido del folleto informativo a los inversores cualificados siempre y cuando no se acredita que disponían de información adicional a la suministrada en el folleto.

En relación con la obligación de publicar folleto informativo para emisiones dirigidas a inversores cualificados, señala la Sentencia: “Aunque el art. 3.2 de la citada Directiva exceptúa de la obligación general de publicar el folleto, entre otras situaciones, las ofertas de valores dirigidas en exclusiva a inversores cualificados, que pueden acceder por sus propios medios a la información necesaria para sus decisiones de inversión al margen de este documento, el TJUE considera, en primer lugar, que esa excepción debe interpretarse en sentido estricto (apartado 36) y, en segundo lugar, que las excepciones a la obligación de publicar el folleto no prohíben que ese documento se publique y destine voluntariamente a todos los inversores (apartado 37). Si a ello se une que la regulación de la responsabilidad por folleto no contempla ninguna excepción, concluye que el art. 6 debe interpretarse en el sentido de que, si existe el folleto, debe poder iniciarse una acción de responsabilidad civil por la información que contiene u omite, cualquiera que sea la condición del inversor que se considere perjudicado (apartado 38). Como consecuencia de lo cual cabe concluir que es posible que un inversor cualificado ejercite una acción de responsabilidad por folleto”.

Sobre el nacimiento de la obligación de responder frente a inexactitudes del folleto informativo, apunta la Sala: “En primer lugar, la responsabilidad surge por la introducción de informaciones falsas en el folleto. El término falsas ha de ser interpretado en sentido amplio, de manera que abarque desde informaciones inexactas o carentes de actualidad hasta aquellas que no tengan un fundamento razonable. Es decir, en este sentido, la falsedad comprende desde las meras inexactitudes hasta las informaciones no veraces introducidas a sabiendas. 4.- En todo caso, para que surja la responsabilidad, la información defectuosa debe ser relevante para la formación del juicio del inversor. Solo si esta información es esencial para la correcta valoración de la inversión y la toma de decisión sobre su procedencia, puede derivarse la responsabilidad civil. 5.- En segundo lugar, la omisión de información relevante también es presupuesto de la responsabilidad. Más allá de la información que la normativa exige que se proporcione de manera imperativa (Reglamento nº 809/2004), se trata de que el emisor incluya en el folleto los datos que sean relevantes para la formación del juicio del inversor. Para que surja la responsabilidad, es necesario que el inversor sufra un daño como consecuencia del folleto engañoso. El supuesto típico es que se conozcan las falsedades del folleto, generalmente relativas al verdadero estado económico y financiero del emisor, en el momento en el que este afronta graves dificultades económicas. Será, pues, en ese momento cuando la información se haga pública provocando la depreciación de los valores y el consiguiente daño patrimonial a los inversores. En ausencia de mención expresa en la normativa especial, la carga de la prueba de la existencia del daño corresponde al inversor, de conformidad con las reglas generales”.

Por último, señala el Tribunal Supremo sobre la información a los inversores cualificados: “En el caso concreto de Porcelanosa, la Audiencia Provincial ha declarado que no era una sociedad experta en inversiones (…) ni consta que hubiera podido acceder a fuentes de información adicionales (…) no constan relaciones jurídicas o mercantiles que pudiera haber mantenido con Bankia y le hubieran permitido obtener esa información (…) No se observa que la conducta de Porcelanosa fuera contraria a la diligencia debida al confiar en la información contenida en el folleto de la OPS de Bankia y en que el precio de las acciones (…) se ajustaba al valor razonable de tales acciones. Lo sucedido en la OPS de Bankia no fue que la información del folleto solo fuera comprensible para inversores de determinado nivel, sino que en el folleto se contenían informaciones falsas (…) la recurrente invoca en su recurso la denominada doctrina del doble nexo causal pues considera que, por un lado, es necesario que el inversor haya basado su decisión de invertir en la información del folleto que ha resultado ser engañosa; y por otro, es preciso que haya sido la difusión sobre la verdadera situación del emisor la que haya causado el descenso de la cotización de los valores (…) Sin embargo, lo que el art. 28.3 LMV prevé es que la información defectuosa del folleto haya causado un daño patrimonial al inversor, que se presume por la caída de la cotización pareja a la difusión de noticias sobre la situación financiera y patrimonial de Bankia en las que progresivamente se iba desvelando la falta de veracidad de la información contenida en el folleto (…) No se ha probado la concurrencia de otros factores que influyeran en la caída de la cotización de las acciones (…)”.

En definitiva, tanto el TJUE como el Tribunal Supremo reiteran la posibilidad de que los inversores profesionales se acojan a la acción de responsabilidad del artículo 38 de la LMV, si bien el juez podrá, en estos casos, valorar si el inversor cualificado tuviera conocimiento de la situación real de la entidad a consecuencia de sus relaciones con la entidad emisora, esto es, si tenía acceso a información reservada, como, por ejemplo, el caso de los consejeros o de la alta dirección de la entidad. La citada sentencia viene a confirmar la tesis defendida por Sacristán&Rivas Abogados en relación con la responsabilidad derivada del folleto informativo en el marco de una oferta pública de suscripción, siendo el ámbito de protección extensible a los inversores profesionales.

Sacristán&Rivas Abogados recomienda, como consecuencia de la jurisprudencia reciente, a los inversores profesionales afectados por la situación descrita en este artículo, que acudan, cuanto antes, a expertos cualificados en la materia, para la realización de un estudio sobre el caso concreto y sobre la viabilidad de la reclamación.

Sacristán&Rivas Abogados