El cese de los administradores como efecto automático insalvable del comienzo de la liquidación societaria

El cese de los administradores como efecto automático insalvable del comienzo de la liquidación societaria

La RDGRN de 7 de marzo de 2019, publicada en el BOE del jueves 4 de abril, resuelve el recurso presentado contra la calificación del registrador mercantil por la que se rechaza la inscripción del acuerdo de disolución de una SRL, en virtud del cual se acordó también el cese de los administradores y designando a un liquidador.

No obstante, los acuerdos se adoptaron en fecha 31 de mayo de 2018, pero el efecto del cese del administrador se retrasa hasta el 31 de julio de 2018 por cuanto se quiere llevar a cabo el traspaso del negocio que constituía la actividad social. Tras calificarse negativamente por el registrador, se volvió a presentar junto a una nueva escritura de elevación a público de los acuerdos adoptados el día 28 de septiembre de 2018 por la junta general de la sociedad que se limitan a ratificar los acuerdos anteriores, en la consideración de que la escritura de ratificación sana el defecto y que los acuerdos deben ser inscribibles desde la fecha de la ratificación, si bien el registrador reiteró la calificación negativa.

El recurso presentado tampoco es aceptado por la DGRN por cuanto la ratificación del acuerdo por una posterior junta general no consigue que se convalide así lo que constituye el defecto que impide la inscripción, que es la pretensión de que el asiento de disolución refleje la continuidad en su cargo del órgano de administración cesado, además, para llevar a cabo una actividad típica y propiamente de liquidación como es la transmisión del negocio que ha constituido la actividad de la empresa. Es más, ni hubo defecto alguno de convocatoria, constitución o validez de emisión del voto en las juntas celebradas, poniéndose así de manifiesto que es la falta de validez intrínseca del acuerdo adoptado por la primera junta general, defecto que no queda sanado por la reiteración llevada a cabo en una segunda junta general.

La falta de validez del acuerdo se debe a que el cese de los administradores y su sustitución por los liquidadores en la gestión y representación de la sociedad es un efecto automático de la apertura del periodo de liquidación tras acordarse la disolución de la sociedad, debiendo velar los liquidadores a partir de ese momento por la integridad del patrimonio en tanto no sea liquidado y repartido entre los socios.

De hecho, como claro ejemplo de tal sustitución como efecto automático, el art. 376 LSC prevé una solución subsidiaria para el caso de que los estatutos nada prevean respecto al nombramiento de liquidadores, o nada acuerde la junta cuando apruebe la disolución, estipulándose que quienes fueren administradores al tiempo de la liquidación quedarán convertidos en liquidadores. Esto es, el legislador no prevé que los sujetos que actúan como administradores puedan continuar en ese mismo cargo cuando se acuerda la disolución, sino que pueden continuar pero como liquidadores, aplicándoseles desde ese momento el régimen jurídico previsto para los liquidadores. En consecuencia, los administradores no pueden continuar ejerciendo sus funciones como tales una vez que la sociedad está disuelta, ya que eso implicaría la coexistencia de ambos órganos, lo cual no es posible en nuestro ordenamiento.

Sacristán&Rivas Abogados, ante la presente Resolución, recomienda ponerse en manos expertas a efectos de llevar a cabo la disolución y liquidación de una sociedad de capital, estando este despacho especializado en esta materia y a su disposición a tales efectos.

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