Acciones Banco Popular adquiridas en el mercado secundario

Acciones Banco Popular adquiridas en el mercado secundario

Un Juzgado declara la nulidad de la adquisición de acciones de Banco Popular en el mercado secundario el 16 de junio de 2016 


El Juzgado nº 5 de Orense en Sentencia nº314/2019 de 25 de octubre, ha declarado la nulidad del contrato de adquisición de acciones de Banco Popular en el mercado secundario, el 16 de junio de 2016 por importe de 7.160,01 euros , puesto que la presentación a los inversores publicada el 26 de mayo de 2016 no contiene toda la información relevante y refleja, en contra de la realidad económica de la entidad a esa fecha, una situación económico-financiera equilibrada cuando, como ha quedado demostrado y se evidencia por la posterior suspensión de cotización y venta a BANCO SANTANDER, no era así.
En primer lugar, el Juzgado se pronuncia sobre la falta de legitimación pasiva de Banco Santander, señalando lo siguiente: “Esta jurisprudencia se limita a supuestos de nulidad del contrato por no ser correcta la información suministrada al cliente por la entidad vendedora del producto, si bien en este caso la acción está sobre la base de la inexactitud del folleto informativo sobre la suscripción de fecha 20 de junio de 2016, de acciones procedentes de ampliación de capital y respecto de la compra de fecha 1 de junio de 2016 de los derechos de suscripción de dichas acciones, y dicho folleto lo emite BANCO POPUALR actualmente BANCO SANTANDER, por tanto sí tiene legitimación pasiva.”
Sobre la naturaleza jurídica de las acciones y el marco jurídico que le es de aplicación, la Sentencia apunta: “Por tanto, si bien es cierto que el producto litigioso, las acciones, no son calificadas como producto complejo, no siendo exigible a la entidad bancaria el cumplimiento de los específicos deberes de información que se recogen en el art. 76 bis de la Ley de Mercado de Valores , no obstante, lo que sí ha de cumplir la entidad bancaria que hace una oferta pública de acciones es el deber de proporcionar información clara y comprensible, sobre el estado de sus activos y pasivos, su situación financiera, beneficios y pérdidas, así como de las perspectivas del emisor y así resulta de los arts. 27.1 LMV, 16 del RD 1310/2005 y de la Directiva 2003/71 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de noviembre de 2003. Y ello, debido a la importancia que la información sobre la situación financiera y las perspectivas del emisor tiene a la hora de tomar la decisión de invertir en esa entidad emisora, por lo que viene obligada a facilitar los datos económico-financieros reales, veraces, objetivos, actualizados y completos, sin omisión de ningún dato relevante. La parte demandante sustenta su pretensión de nulidad en la concurrencia de un vicio del consentimiento provocado por el incumplimiento por la demandada de ese deber de información, alegando que la información publicada por Banco Popular y transmitida a la CNMV no fue adecuada porque era inexacta y no real, pues a la fecha de la emisión de acciones, se informa respecto a una sociedad solvente y sin embargo, su situación financiera real era de falta de solvencia, como se comprobó sólo un año después.”
Sobre el error vicio en el consentimiento provocado por la falsedad de las cuentas contenidas en el folleto informativo, concluye el Juzgador lo siguiente: “(…) la prueba obrante en las actuaciones ha evidenciado que, al tiempo de emitirse la oferta pública de suscripción de acciones, se anunció públicamente al inversor una situación económica de la entidad emisora de solvencia que no era real. Dado que nos encontramos ante un contrato de inversión, en el que, en definitiva, el cliente (futuro inversor) va a pasar a formar parte de la sociedad anónima, los datos económicos de la entidad emisora de las acciones constituyen elementos esenciales del negocio jurídico, de ahí que la propia normativa legal (arts. 27 a 30 bis LMV) exija de forma primordial su información al inversor. Y son esos datos económico-financieros facilitados por la entidad emisora de las acciones los que el inversor evalúa y considera para tomar la decisión de suscribirlas, resultando obvia la representación que se hace el inversor, ante esa información divulgada: va a ser accionista de una sociedad con beneficios, cuando realmente, está suscribiendo acciones de una sociedad con pérdidas muy importantes. (…) a la hora de tomar la decisión de comprar acciones de una entidad, la comunicación pública de beneficios resulta determinante en la captación y prestación del consentimiento, hasta el punto de que, sin esa imagen pública de solvencia, el negocio no se hubiera realizado. Es evidente que si a un ciudadano medio se le indica que la entidad que oferta las acciones es solvente, se encuentra dentro de las principales entidades financieras del país, trasladándole información contable de solvencia, se está afectando a la esencia misma de la causa por la que se adquiere el producto, en este caso, la solvencia de la entidad en la que se confía (…)”
Sacristán&Rivas Abogados recomienda a los inversores afectados por estas situaciones acudir a expertos cualificados en la materia, para realizar un análisis personalizado de su situación, teniendo en cuenta el tipo de inversión y las fechas en las que se realizó la misma. Solo después de un análisis, caso por caso, se podrá definir cuál es la vía más adecuada para cada afectado. El objetivo es analizar, en primer lugar, si es viable la reclamación, y, en segundo lugar, cuál es la vía de reclamación que pueda interesar más a cada cliente.


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