Cooperativas: nueva Ley Balear de microcooperativas

Cooperativas: nueva Ley Balear de microcooperativas

El Boletín Oficial de las Islas Baleares publicó el pasado sábado 9 de febrero la Ley 4/2019, de 31 de enero, de microcooperativas de las Illes Balears (Ley 4/2019), que está en vigor desde el día siguiente al de su publicación

Las razones que han motivado esta ley son, de un lado, la consideración de que la promoción de empresas cooperativas se considera clave para favorecer y potenciar un desarrollo económico sostenible y socialmente responsable, por cuanto se trata de un modelo de empresa en el que los objetivos económicos y empresariales se integran con otros de carácter social, consiguiendo así un crecimiento económico basado en el empleo, la equidad social y la igualdad; de otro lado, porque la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears, establece que el sector agrario es considerado un sector estratégico por su papel fundamental en el mantenimiento del territorio y del paisaje, de ahí que se quiera dinamizar el sector fomentando la cohesión social y el asociacionismo, en especial mediante la agrupación de titulares de explotaciones. A todo ello se añade la limitación fijada en la Ley 1/2003, de 20 de marzo, de cooperativas de las Illes Balears (Ley 1/2003) que exige un mínimo de tres socios, que puede desincentivar a emprendedores a decidirse por el modelo societario de cooperativa.

A resultas de ello, la finalidad de la Ley 4/2019 es fomentar y favorecer la creación de micropymes bajo el modelo de la sociedad cooperativa de trabajo asociado y del de cooperativa de explotación comunitaria de la tierra. Esto es especialmente relevante por cuanto la norma no está orientada a cualquier actividad, sino únicamente a las señaladas. De hecho, al fijar el art. 2 el concepto de microcooperativa estipula que “es aquella sociedad cooperativa de primer grado, perteneciente exclusivamente a la clase de las de trabajo asociado y a la de las de explotación comunitaria de la tierra, cuyo régimen jurídico se regula en virtud de la presente ley como especialidad de la sociedad cooperativa”, y que desarrollan principalmente su actividad en el ámbito de las Illes Balears (art. 4 Ley 4/2019). De ahí también que se afirme que su régimen jurídico será el de esta nueva ley, y supletoriamente por lo estipulado en la Ley 1/2003.

Esas especialidades a las que hace referencia se centran en la simplificación en la constitución, tanto en lo que se refiere a los requisitos como a los trámites mediante un modelo tipo de estatutos, así como en la flexibilización de los límites de contratación de trabajadores por cuenta ajena con contrato indefinido.

Así, en lo que respecta a los requisitos para la constitución se establece un límite en el número de personas socias que será mínimo de dos y máximo de diez, aunque varían las condiciones dependiendo del tipo de microcooperativa: si es de trabajo asociado, los socios han de ser trabajadores incorporados de forma indefinida, a jornada completa o parcial; si es de explotación comunitaria de la tierra, se remite a las condiciones fijadas en el art. 125 Ley 1/2003.

En lo que respecta a la denominación, deben incluir la expresión “sociedad microcooperativa” o su abreviatura “s. microcoop.”.

Las microcooperativas pueden ser tanto las sociedades cooperativas de nueva creación, como las ya constituidas en base a la Ley 1/2003 que cumplan los requisitos de la Ley 4/2019, adaptando sus estatutos a ésta, así como cualquier otro tipo societario mercantil que se transforme en microcooperativa. Para ello, esto es, para poder ser microcooperativa a los efectos de esta Ley, se requiere escritura pública e inscripción en el Registro de cooperativas de las Illes Balears, el cual llevará una sección diferenciada para ellas.

Un aspecto especialmente relevante de cara a la constitución es la previsión de un modelo orientativo de estatutos sociales, que será elaborado por la consejería competente en materia de cooperativas. Su utilización sin introducir modificaciones en el mismo conllevará la tramitación abreviada del expediente, con la consiguiente exención del trámite de calificación previa de dichos estatutos, en cuyo caso el plazo de calificación e inscripción no será superior a quince días. Por el contrario, el no uso del modelo orientativo de los estatutos supondrá que la inscripción se hará de acuerdo a lo previsto en la Ley 1/2003.

Asimismo, destaca el carácter de temporalidad de las microcooperativas. En efecto, el art. 7 de la Ley 4/2019 señala que su duración máxima será de siete años, momento en el cual deberán contar con tres personas socias como mínimo y regirse por la Ley 1/2003, certificando su adecuación a la misma ante la consejería competente en materia de cooperativas en un plazo máximo de seis meses, ya que en caso de no adaptar sus estatutos en ese plazo la microcooperativa quedará disuelta de pleno derecho y entrará en período de liquidación. Ese acuerdo de adaptación de los estatutos debe adoptarse por la asamblea general, siendo suficiente el voto a favor de la mitad más uno de las personas socias presentes y representadas.

Esta adaptación de los estatutos a lo establecido en la Ley 1/2003 también debe realizarse en caso de que dentro de ese período de siete años la microcooperativa supere el número máximo de persona socias trabajadoras sin que se restablezca el citado límite en un plazo de seis meses.

Asimismo, durante ese periodo de siete años se flexibilizan los límites de contratación de trabajadores por cuenta ajena con contrato indefinido, fijándose un límite de cinco, salvo que por necesidades objetivas de la empresa se vea obligada a superar esta cifra por un período que no exceda de tres meses. No obstante, este plazo de tres meses puede superarse en otros tres meses previa comunicación de las contrataciones a la consejería competente en materia de cooperativas señalando la causa de la superación y el plazo total durante el que se superará dicho número máximo, que en modo alguno podrá ser superior a esos tres meses señalados (art. 11 Ley 4/2019).

Finalmente, otras especialidades destacables de la Ley 4/2019 hacen referencia a las aportaciones y órganos. Respecto a las aportaciones, el art. 10 señala que el importe total de cada persona socia al capital social no podrá superar el 50% del mismo. En materia orgánica, el art. 9 parte de señalar como órganos necesarios la asamblea general y el consejo rector, debiendo fomentarse cuando sea posible la presencia equilibrada de hombres y mujeres en la composición de los órganos colegiados, si bien presenta un mayor interés el régimen orgánico cuando sólo haya dos socios.

En efecto, en éste caso: (i) los acuerdos sociales deben adoptarse con el voto favorable de los dos socios; (ii) pueden constituir el consejo rector con solo dos miembros que, necesariamente, se distribuirán los cargos de presidente y secretario; (iii) la duración de los cargos será de cuatro años, con posibilidad de reelección; (iv) no precisarán constituir la comisión de recursos; (v) no precisarán nombrar al interventor cuando todas las personas socias formen parte del consejo rector; y (vi) podrán encomendar la liquidación de las cooperativas a una o a las dos personas socias liquidadoras.

Sacristán&Rivas Abogados está especializado en cooperativas de trabajo asociado y de explotación comunitaria de la tierra, y a su disposición para cualquier consulta o asesoramiento en la materia.

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