Novedades en la protección al inversor introducidas por la normativa MiFID II

Novedades en la protección al inversor introducidas por la normativa MiFID II

MiFID II impone a las entidades financieras nuevas obligaciones de información a sus clientes, obligándoles a modificar prácticamente todas sus políticas y procedimientos MiFID, esto es, clasificación de clientes, incentivos, conveniencia e idoneidad, ejecución óptima, información a clientes, etc.

En primer lugar, el 3 de julio de 2014 el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron la Directiva MiFID II y el reglamento MiFIR. El objetivo, principal, de la modificación del marco normativo introducido en 2007 por la Directiva MiFID es incrementar la la transparencia. Lo cierto es que en la actualidad una parte importante de la negociación de los valores de Renta Fija y de Derivados se lleva a cabo fuera de los mercados organizados, como es el caso de los OTC (Over The Counter). Esto provoca una mayor opacidad en relación a la formación de precios y la supervisión de la actividad, aspecto que pretende mejorar la nueva normativa con el incremento de la transparencia de los mercados de Renta Fija y Derivados. En resumen, la normativa MiFID II trata de promover la estabilidad financiera y mejorar el funcionamiento de los mercados, incrementando la transparencia exigible a los participantes en los mercados y la coordinación entre supervisores, abordando las deficiencias organizativas y de control. En aras a la protección del inversor, la MiFID II introduce medidas que pueden ser agrupadas en tres grandes grupos: ampliación del ámbito de aplicación, refuerzo de los requisitos organizativos exigidos a las entidades y una consolidación de las normas de conductas. Así, el nuevo marco regulador incorpora una serie de requisitos organizativos y normas de conducta en atención a los depósitos estructurados y a los productos de inversión basados en seguros. Para asegurar esta protección del inversor, la normativa confiere nuevos poderes a los Supervisores nacionales y a los europeos, que podrán restringir e incluso prohibir la comercialización de determinados productos[1].

En primer lugar, debemos señalar que MiFID II ofrece una mayor protección al inversor, por lo que las entidades financieras, deben adaptar sus códigos de conducta a este nuevo panorama normativo. Así, esta reforma supone una ampliación de los instrumentos financieros sometidos a la Directiva  –productos estructurados–; la eliminación o, al menos, restricción del concepto de “sólo ejecución”; el endurecimiento de los criterios para la consideración de un instrumento como no complejos; una mayor protección a los clientes no minoristas; la aplicación del principio de ejecución óptima a un gran número de operaciones de negociación por cuenta propia; un mayor énfasis en la prevención y gestión de conflictos de interés –la transparencia con el cliente sobre un conflicto no entraría en esas dos categorías–; un refuerzo de las normas de protección de activos de clientes; etc[2].

Este escenario regulatorio supondrá, entre otras medidas, la revisión de la política de clasificación de clientes, la búsqueda de la ejecución óptima para más órdenes de clientes; la modificación de prácticas de retribución variable a la red por comercialización de productos concretos; y la revisión de la política de protección de activos de clientes.

Asimismo, las entidades financieras deberán revisar, periódicamente, la distribución y el comportamiento de sus productos financieros y de los servicios ofrecidos, asegurándose de que el personal de la entidad tiene los suficientes conocimientos como para comprender las características y los mismos. Además, tras la controversia que ha existido durante los últimos años en torno a la existencia de asesoramiento, los supervisores han considerado, de manera consensuada, que para que exista asesoramiento deben cumplirse los siguientes requisitos:

  1. Debe haber una recomendación.
  2. Debe ser personalizada, es decir, ha de tener en cuenta las circunstancias personales del cliente y debe presentarse como idónea para él.
  3. Tiene que referirse a una o más operaciones relativas a instrumentos financieros concretos; y debe formularse al cliente a través de medios personalizados.

En relación con el seguimiento de las inversiones, la normativa señala que hay que informar periódicamente del valor de mercado de los instrumentos recomendados por la entidad financiera, obligándose a la actualización periódica de las recomendaciones formuladas. Además, debemos señalar sobre los deberes de evaluación, que MiFID II ha reforzado y especificado las obligaciones de evaluación, que les son exigibles a las entidades financieras, incluyendo las siguientes[3]:

  1. Una referencia explícita a que el uso de sistemas electrónicos no supone una reducción de responsabilidad por parte de las entidades.
  2. Un mayor detalle en las normas de conducta para las entidades que realizan una evaluación periódica de la idoneidad.
  3. La exigencia a las entidades financieras que realizan el test de idoneidad para que evalúen, tomando en cuenta el coste y complejidad, si hay productos equivalentes a los instrumentos financieros seleccionados que puedan dar respuesta a las necesidades de los clientes.
  4. La exigencia de analizar los costes y los beneficios de cambiar una inversión a otra.
  5. La extensión del test de idoneidad a los depósitos estructurados.
  6. Exigencia de proporcionar a los clientes un informe de idoneidad de forma previa a la conclusión de la transacción recomendada.
  7. Reforzar el requisito de que las entidades financieras consideran la tolerancia al riesgo del cliente y la capacidad de absorber pérdidas.

En definitiva, podemos apuntar que los cambios, principales, en materia de protección al inversor son los siguientes[4]:

  1. La prestación de servicios de inversión debe quedar recogida en un contrato escrito que señale las obligaciones y derechos de las partes. En el caso de existir asesoramiento, basta la constancia escrita o fehaciente de la recomendación personalizada.
  2. La información que las entidades financieras faciliten a sus clientes deberá suministrarse en un soporte de carácter duradero, que, a efectos de la norma, se consideran el papel o Internet.
  3. En relación con los conflictos de interés, la entidad financiera tiene la obligación de suministrar información sobre la gestión de conflictos de interés. Además, cualquier cambio importante en esta materia deberá ser notificado puntualmente.
  4. Las entidades financieras tienen la obligación de guardar registro de las operaciones de sus clientes por un periodo mínimo de cinco años, mismo plazo que se fija para conservar evidencias de cada reclamación.
  5. Los empleados de las entidades financieras deben tener conocimientos y habilidades específicas sobre las características y riesgos productos financieros que ofrecen.
  6. MiFID II ha creado un nuevo sistema de comunicación entre los supervisores nacionales y los europeos ESMA que permite a las entidades financieras comunicar las operaciones de un modo ágil y sencillo. De esta forma, todas las transacciones realizadas por todos los inversores e intermediarios de Europa estarán bajo total supervisión de todas las autoridades nacionales y europeas, que podrán identificar más fácilmente lagunas en la aplicación de la norma.
  7. Las sociedades de inversión de capital variable (sicav) serán consideradas como un de producto no complejo, según la categorización que le otorga MiFID II.
  8. Esta normativa crea una nueva categoría de mercado, las ‘Organised Trading Facilities’ (OTF) para instrumentos como bonos, derivados y productos estructurados, en los que se aumentan los requerimientos a los operadores. Las solicitudes de autorización deberán incluir una explicación detallada de los motivos por los que el sistema que se propone no corresponde y no puede operarse en un mercado regulado, sistema multilateral de negociación al uso o internalizador sistemático.
  9. Importantes restricciones en materia de comisiones cobradas a los clientes, quedando en algunos casos, prohibidas.

Sacristán&Rivas Abogados está especializado en el asesoramiento en Derecho bancario y Derecho de los mercados financieros, con gran experiencia en la defensa de los derechos de los inversores en los tribunales, pudiendo examinar la repercusión de la nueva normativa sobre la política inversora de cada cliente concreto.

Sacristán&Rivas Abogados

[1] http://www.legaltoday.com/practica-juridica/mercantil/mercado-de-valores/nuevas-exigencias-que-incorporara-la-normativa-mifid-ii

[2] http://csf.ie.edu/sites/default/files/informe_mifid_2_final.pdf

[3] www.derechonews.com/reforzadas-las-obligaciones-de-evaluacion-de-idoneidad-por-la-normativa-mifid-ii/

[4] https://www.invertia.com/es/-/los-15-cambios-que-mifid-ii-aportara-a-su-cartera-y-la-relacion-con-su-banco?inheritRedirect=true