Inexistencia de limitaciones al ejercicio de facultades patrimoniales en el marco de un acuerdo extrajudicial de pagos

Inexistencia de limitaciones al ejercicio de facultades patrimoniales en el marco de un acuerdo extrajudicial de pagos

La RDGRN de 22 de octubre de 2018, publicada en el BOE del pasado viernes 16 de noviembre de 2018, y que pueden leer aquí, resuelve el recurso interpuesto por una entidad bancaria contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de Majadahonda núm. 1, por la que se deniega la inscripción de una escritura de dación en pago.

El motivo de denegación de la inscripción es que la registradora consideró que, al haber solicitado la vendedora el nombramiento de un mediador concursal, a fin de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores, desde dicho momento dejaba de tener la plena disposición de sus bienes, y al no haber alcanzado un acuerdo extrajudicial con sus acreedores el mediador concursal debía instar ante el juez competente la declaración del concurso, dentro de cuyo procedimiento debería desenvolverse la venta objeto de esta calificación.

Los hechos que llevaron a la citada dación son los siguientes: un matrimonio, titulares por mitades indivisas de una finca, la transmitieron como dación en pago de deuda a una entidad bancaria, quedando extinguidas y canceladas por confusión de derechos, las hipotecas constituidas sobre dicha finca a favor de esta entidad. La mujer había intentado un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores que no fue alcanzado, y el mediador concursal intervino en la dación señalando que se iba a proceder a presentar la oportuna propuesta anticipada de convenio, y que la dación no afectaba a bienes o derechos que resultasen necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o profesional de la deudora ni constituía su vivienda habitual.

La RDGRN admite el recurso presentado por cuanto si bien el art. 235.1 LC señala que el acuerdo extrajudicial de pagos no impide al deudor continuar con su actividad, pero debiendo abstenerse de realizar cualquier acto de administración y disposición que exceda los actos u operaciones propias del giro o tráfico de su actividad, eso no implica que el efecto de este precepto sea la privación de la facultad de disposición en la persona del deudor, como entiende la registradora. La DGRN considera, por el contrario, que al no haber declaración de concurso no pueden regir los efectos limitativos para la capacidad del deudor previstos en el artículo 40 LC, por lo que no existe intervención o sustitución de sus facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, ni en consecuencia vicio de nulidad que afecte a los negocios jurídicos realizados en este período (art. 40.7 LC).

Cuestión distinta es que la norma prevea distintas medidas como la designación de un mediador que favorezca la formación y realización de la propuesta de acuerdo extrajudicial, que los acreedores no puedan iniciar o continuar ejecuciones contra su patrimonio, ni puedan anotarse embargos en los Registros de bienes, o no se pueda declarar el concurso del deudor mientras se estuviese negociando el acuerdo extrajudicial. Pero se trata, en todo caso, de previsiones legales específicas para esta figura que no justifican el adelanto de medidas que están previstas para el concurso de acreedores a situaciones anteriores al auto declarativo de concurso.

El sentido del art. 235.1 LC no es, por tanto, que exista una situación de privación en la facultad de disposición en la persona del deudor basándose en la protección de un interés jurídicamente protegible, por cuanto éste no existe antes de la declaración de concurso. Sino que, el contexto en el que debe interpretarse este artículo es en el marco del deber general de todo deudor de comportarse de modo que no se agrave su situación de conformidad con las exigencias de la buena fe (art. 164.1 LC).

Es, por tanto, el juez del concurso del que deberá valorar, en su caso, las conductas previas a la declaración de concurso, y si se debe proceder a la reintegración a la masa de un bien que haya sido objeto de disposición (art. 71 LC), pero en modo cabría anticipar los efectos de la declaración de concurso a un momento anterior al auto declarativo del mismo.

Sacristán & Rivas Abogados, ante la presente resolución de la DGRN, recomienda a los deudores que se vayan a acoger al procedimiento de acuerdo extrajudicial de pagos, que acudan a expertos cualificados que puedan asesorarles en el procedimiento y efectos del mismo, estando este Despacho especializado en estas materias, y a su disposición a tales efectos.

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