Contrato de swap: cláusulas abusivas

Contrato de swap: cláusulas abusivas

El T.S. declara la nulidad de las cláusulas de la confirmación de la operación por considerarlas abusivas

La Sala Primera del Tribunal Supremo se ha pronunciado en Sentencia nº 47/2021, de 2 de febrero, ha señalado que la ausencia de una información adecuada suministrada con anterioridad a la suscripción del contrato determina su falta de transparencia y, por ende, la abusividad de las cláusulas porque determinan un mecanismo contractual de naturaleza compleja, inadecuado para unos simples consumidores que conciertan un préstamo hipotecario, y que traía consigo unos importantes riesgos, concretamente los de tener que pagar abultadas liquidaciones negativas. Este pronunciamiento resulta novedoso, toda vez que puede servir como base para las reclamaciones de productos concertados antes del 2015, cuyas acciones personales prescribieron a finales del año 2020, como consecuencia de la reforma del art. 1964.2 CC, acometida en el año 2015, toda vez que las acciones sobre falta de transparencia y abusividad son imprescriptibles, es decir, no están sujetas a ningún plazo.

Sobre la ausencia de información precontractual y la falta de transparencia y el control de abusividad, señala la Sentencia, lo siguiente: “Por tanto, para que las cláusulas que han sido impugnadas superen el control de transparencia, ha debido suministrarse al consumidor, con suficiente antelación respecto de la celebración del contrato, información adecuada para que pudiera ser consciente de la permuta de tipos de tipos de interés que configuraba y del riesgo de tener que pagar importantes liquidaciones negativas o costes de cancelación anticipada que resultaba de las cláusulas impugnadas. En el presente caso, la falta de información precontractual sobre las cláusulas objeto de la demanda determina su falta de transparencia, que permite realizar un control de abusividad. Al realizar este control de abusividad, hemos de concluir que Abanca prerredactó unas cláusulas que configuran una relación contractual de naturaleza compleja, inadecuada para unos consumidores que concertaban un préstamo hipotecario a interés variable, y que traía consigo unos importantes riesgos, concretamente los de tener que pagar abultadas liquidaciones negativas o, si deseaban cancelarlo anticipadamente, un importante coste de cancelación. (…) Dado que esas cláusulas, y concretamente la 3ª, regulan elementos esenciales del contrato, procede declarar la nulidad del mismo, conforme prevé el art. 9.2 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación.”

Por último, sobre la nulidad de las cláusulas no negociadas que contienen declaraciones sobre la suficiencia de la información recibida apunta el Tribunal Supremo: “Con la predisposición de esta cláusula, la entidad financiera atribuye al consumidor una declaración que le sirva de prueba del cumplimiento de las obligaciones de información que le incumben. Con ello, empeora la posición jurídica del consumidor en la relación contractual, pues le dificulta injustificadamente el ejercicio de acciones basadas en el incumplimiento por dicha entidad de sus obligaciones de información para con el consumidor, como pueden ser las acciones de anulación por vicio del consentimiento o las de nulidad de cláusulas abusivas no transparentes. (…) Lo anterior no obsta a que cuando se ejercite una acción contra el predisponente basada en la falta de información precontractual, este pueda articular la prueba destinada a probar que tal información fue facilitada. Pero será tal prueba la que, en su caso, permita tener por justificado que facilitó al consumidor adherente determinada información. La cláusula, al resultar predispuesta con carácter general para su uso en la contratación en serie y al ser incluida en el contrato en un momento en que no puede saberse si se va a facilitar efectivamente tal información, es nula conforme a lo previsto en el primer inciso del art. 89.1 TRLCU)”.

Por todo ello, Sacristán&Rivas Abogados considera que esta sentencia podría ser de aplicación a los contratos celebrados con anterioridad al año 2015, cuyas acciones han prescrito como consecuencia de la reforma del art. 1964.2CC del año 2015, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

  • Ostentar la condición de consumidor.
  • Que el contrato contenga condiciones generales.
  • Que las condiciones generales no hayan sido negociadas.
  • Que el consumidor no fuera informado sobre la naturaleza, funcionamiento y riesgos del producto financiero.

Sacristán&Rivas Abogados recomienda a todos los afectados por esta circunstancia, acudir, tan pronto sea posible, a expertos cualificados, para la realización de un estudio sobre el caso concreto, en relación con la posible aplicación de la Sentencia del Tribunal Supremo, estando este Despacho especializado en la materia y a su disposición, a tales efectos.

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