Swaps encadenados Banco Santander

Swaps encadenados Banco Santander

El T.S. se pronuncia sobre anulabilidad de varios swaps ligados a préstamos y uno de ellos vinculado a la inflación, contratados en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008

El Tribunal Supremo en Sentencia nº695/2018 de 11 de diciembre, se ha pronunciado sobre la anulabilidad por error vicio en el consentimiento de la contratación de varios swaps encadenados ligados a préstamos y uno de ellos vinculado a la inflación, contratados por una Sociedad Limitada en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. La Sentencia de Primera Instancia estimó parcialmente la demanda, declarando sólo la nulidad del último Swap suscrito en 2008. El Juzgador estableció la caducidad de los primeros swaps; siguiéndose solo el enjuiciamiento relativo a los tres últimos (2 contratados en 2007 y el de 2008). La Sentencia entiende que el cliente fue informado sobre los swaps de 2007 y 2008, incluyendo simulación de escenarios, según el testimonio de los empleados. Que en el año 2007, el cliente ya había cancelado swaps anteriores, con costes de cancelación, lo que le permitía conocer su funcionamiento y que los contratos contenían advertencia sobre el riesgo y simulaciones. Además, según la Sentencia el cliente contó con asesoramiento externo. Aunque, finalmente concluye que ha de hacerse especial referencia al test de idoneidad, efectuado con posterioridad al swap de febrero de 2008; debiendo presumirse que, de haberse efectuado antes del contrato, el cliente no lo habría suscrito por ser claramente perjudicial a sus intereses, por lo que se produjo, en este caso, un déficit de información.

La Sociedad Limitada demandante presentó Recurso de apelación, sosteniendo la inexistencia de caducidad y la nulidad de todos los swaps. La Sentencia de Segunda Instancia, estimó el Recurso de apelación presentado por la sociedad, declarando inexistencia de caducidad porque el CMOF se confirma con cada una de las operaciones que se hacen en su ámbito, que, además, en el caso de los swaps suscritos en los años 2004 a 2007 estamos ante un sistema de sucesivas cancelaciones y reestructuraciones que suponen un contrato de tracto sucesivo que se prolonga en el tiempo a través de ese sistema, por lo que no hay caducidad. Por otra parte, señala que estamos ante un cliente minorista, sin actividad financiera, al que se le ofrece el swap en un marco de confianza, no siendo el producto adecuado para el cliente. La Sentencia establece que no se acredita que tuviera los conocimientos necesarios para comprenderlo, que no hubo información, y que el test de idoneidad se hizo con posterioridad al último swap.

En primer lugar, sobre el cómputo del plazo de caducidad de la acción de error vicio en el consentimiento el Tribunal Supremo confirma el pronunciamiento de la Audiencia Provincial, añadiendo lo siguiente sobre la vinculación de los contratos de Swap: “En la sentencia recurrida se declara que los contratos de swap están vinculados unos a otros, entiéndase encadenados, y ello consta en la redacción de varios de ellos, que expresamente reconocen que son reestructuración de uno anterior. Solo los dos de 2004 no aparecen reflejados expresamente en los posteriores, pero se declara probado en la sentencia recurrida, que los de 2004 se refinanciaron en los swap de 2005, por lo que la cadena de reestructuración es completa, por ello la fecha de inicio de la caducidad se computa tras la consumación del último swap (2013), y habiéndose interpuesto la demanda en octubre de 2012, no habría caducado la acción ( art. 1301 C. Civil), dado que no estamos ante una sucesiva novación extintiva.”

Por otra parte, sobre el contenido del test de idoneidad realizado con posterioridad al año 2008 establece la Sala lo siguiente: “Del propio test de idoneidad se deduce que en el año 2008 el banco reconocía que no era un producto idóneo para el cliente, por lo que tampoco lo sería con anterioridad, dado que la no obligatoriedad con anterioridad al 2007 del test de idoneidad no exoneraba al banco de su obligación de información, como luego razonaremos.”

En conclusión, aplicando la jurisprudencia al caso concreto el Tribunal Supremo establece lo siguiente: “En este caso, si partimos de los propios hechos acreditados en la instancia, no puede apreciarse que la entidad financiera cumpliera los deberes de información que hemos visto que establecía la legislación aplicable en la fecha de celebración de los contratos litigiosos. Además, no repara en que era preceptiva una información precontractual completa y adecuada, con suficiente antelación a la firma de los documentos, y que la entidad no se había asegurado de que los clientes tuvieran conocimientos financieros, ni de que los productos ofertados fueran adecuados a su perfil inversor. Por lo que no puede compartirse que la información ofrecida fuera suficiente, ni que se adecuara mínimamente a las exigencias legales. Según dijimos en las sentencias 769/2014, de 12 de enero de 2015, y 676/2015, de 30 de noviembre, es la empresa de servicios de inversión quien tiene la obligación de facilitar la información que le impone dicha normativa legal, y no son sus clientes -que no son profesionales del mercado financiero y de inversión- quienes deben averiguar las cuestiones relevantes en materia de inversión, buscar por su cuenta asesoramiento experto y formular las correspondientes preguntas. Sin conocimientos expertos en el mercado de valores, el cliente no puede saber qué información concreta ha de requerir al profesional. Por el contrario, el cliente debe poder confiar en que la entidad de servicios de inversión que le asesora no está omitiendo información sobre ninguna cuestión relevante. Por ello, la parte obligada legalmente a informar correctamente no puede objetar que la parte que tenía derecho a recibir dicha información correcta debió tomar la iniciativa y proporcionarse la información por sus propios medios.”

Sacristán&Rivas Abogados recomienda, como consecuencia de la jurisprudencia reciente sobre swaps encadenados, el plazo de caducidad para la reclamación y el déficit informativo sobre el funcionamiento y características del producto, entre otras cuestiones, revisar las contrataciones efectuadas en la materia y acudir, cuanto antes, a expertos cualificados, para realizar un estudio exhaustivo y pormenorizado del caso concreto, estando este Despacho a su disposición a tales efectos.

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