Memoria de reclamaciones del Banco de España 2015: preocupación por los créditos al consumo

Memoria de reclamaciones del Banco de España 2015: preocupación por los créditos al consumo

Durante el año 2015 el Banco de España ha recibido 20.262 reclamaciones y 38.804 consultas, según se recoge en la Memoria de Reclamaciones del año 2015[1], publicada el 1 de julio de 2016. Poniendo estos datos en relación con los del año 2014, se puede apreciar un descenso del 31,4%. El Supervisor apunta que en lo que llevamos de año las reclamaciones superan la cifra de 7.000 disponiendo que: “permite prever que 2016 se cerrará, de nuevo, con un número de reclamaciones inferior al del año anterior.” Lo cierto es que las consultas telefónicas han descendido en un porcentaje parecido al señalado anteriormente y las consultas escritas mantienen las cotas del año 2014.

Las reclamaciones versan sobre diversos motivos, aunque la mayor parte están relacionadas con las operaciones de activo como préstamos y créditos, suponiendo un 66,1% del total. En este sentido, el Banco de España considera que son significativas aquellas relacionadas con la desaparición de algunos índices de referencia, la aplicación por parte de las entidades de las medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, y, las cláusulas suelo. La Institución aprecia un ascenso de las reclamaciones relacionadas con las operaciones de pasivo, tales como: depósitos a la vista y a plazo.

El Banco de España ha emitido un total de 13.354 resoluciones, siendo la mayoría favorables al reclamante. Se han incrementado las rectificaciones de las entidades, siendo especialmente significativa en el caso de reclamaciones por cláusulas suelo, aunque no se da en la misma proporción, entre las diversas entidades. En el lado contrario, hay una serie de entidades que no suelen rectificar, destacando el Documento a Caja Rural de Granada, Banco Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria (CEISS), Caja Rural de Castilla La Mancha, Credifimo, Caja Rural de Navarra y Caja Rural de Extremadura.

En cuanto a las reclamaciones sobre cláusulas suelo, las entidades más castigadas en las resoluciones han sido: Caja Rural de Extremadura (100%), Caja Rural de Navarra (95,6%), Banca Pueyo (92,9%), Caja Rural de Castilla La Mancha (90,6%), Unicaja (82,8%), Liberbank (81,8%) y Catalunya Banc (80,9%). En este sentido apunta el Supervisor lo siguiente: “De entre los aspectos que cabe revisar en las inspecciones, destaca el concerniente a la adecuada inclusión de las cláusulas de limitación a la variabilidad del tipo de interés, más conocidas como cláusulas suelo. De conformidad con los fundamentos de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, tales cláusulas, cuando son contratadas con consumidores, están sometidas a un doble filtro de transparencia, según el cual no sería suficiente el cumplimiento formal de lo exigido por la normativa de transparencia y protección a la clientela bancaria y por la normativa relativa a las condiciones generales de la contratación, sino que sería imprescindible también la comprensibilidad real de la cláusula en cuestión. De los criterios anteriores, tan solo el cumplimiento formal de lo exigido por la normativa de transparencia y protección a la clientela bancaria recae en el ámbito competencial propio y directo del Banco de España. Corresponden a los órganos judiciales, y no al Banco de España, la eventual calificación y declaración de la nulidad de las cláusulas contractuales.” Es por esto que el Banco de España, a la hora de resolver las reclamaciones sobre esta cuestión, y en el cumplimiento de sus labores de supervisión, ha comprobado que las cláusulas cumplen los requisitos de transparencia exigidos por las normas de ordenación y disciplina.

Otro de los temas abordados por la Institución ha sido los créditos al consumo. En este sentido, el Banco de España se ha mostrado preocupado por la proliferación de entidades especializadas en la oferta y comercialización de préstamos o créditos personales. Los puntos de inquietud para el Supervisor versan en la inmediatez y agilidad en su contratación, dificultando en la fase precontractual la valoración adecuada del cliente, de las condiciones que se le ofrecen. En estos casos, resulta relevante que los clientes conozcan las consecuencias del eventual incumplimiento del pago de las cuotas, puesto que puede generar gastos en intereses de demora muy cuantiosos que “acabe sumiendo a determinados clientes en la exclusión económica y social.”

Sacristán&Rivas Abogados

 

[1] http://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/Publicaciones_an/Memoria_del_Serv/

 

Sacristán&Rivas Abogados. Especialistas en Derecho Bancario y Productos Financieros