Productos estructurados Bankinter

Productos estructurados Bankinter

La Audiencia Provincial de Madrid ha declarado la nulidad del contrato de compra del productos estructurado, denominado, Bono Estructurado Santander Trimestral 36 por incumplimiento grave, por parte de Bankinter, del deber de información.

La Sección 21ª de la Audiencia Provincial de Madrid en Sentencia de 30 de enero, ha desestimado el recurso de apelación presentado por Bankinter contra la sentencia de primera instancia que estimaba la demanda interpuesta por Sacristan&Rivas Abogados en defensa de los intereses de una empresa y por la que se declaraba la nulidad por error vicio en el consentimiento del contrato de compra del Bono Estructurado Santander Trimestal 36, por incumplimiento grave del deber de información.

La Audiencia se pronuncia sobre si ha existido o no en la relación contractual servicios de asesoramiento y el cumplimiento del deber de evaluación, apuntando lo siguiente: “La declaración testifical valorada por el Tribunal conforme prescribe el artículo 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que fue quien comercializó el producto, denota que nos hallamos claramente ante un asesoramiento en materia de inversiones, no habiendo efectuado la demandada a su cliente el preceptivo test de idoneidad previsto en el artículo 79 bis de la Ley de Mercado de Valores entonces vigente, lo que conlleva, como después veremos, a presumir la concurrencia de un error invalidante del consentimiento del cliente. El test de idoneidad había que practicarlo a la persona jurídica demandante, lógicamente a través de su representante legal, de modo que los test realizados a los administradores sociales de la actora (con patrimonios e intereses económicos que pueden ser muy diferentes a los de la sociedad) o a otras sociedades, más o menos vinculadas económicamente a la demandante, no implican que se haya cumplido con la obligación de realizar el test de idoneidad a la actora”.

En relación con el perfil del cliente, señala la Sentencia: “Ahora es cuando entran en juego las alegaciones de la parte demandada y apelante respecto a la experiencia inversora de la actora y su condición de inversora experta, con los que se pretende destruir las presunciones de haber concurrido el error invalidante del consentimiento. En nuestra opinión, tal experiencia inversora o condición de inversor experimentado solo puede predicarse de la propia sociedad, o en todo caso del representante legal de la misma que compra el producto, pero no de otros administradores o representantes ajenos a la contratación del producto (…) La alegación de tener experiencia inversora la demandante se funda esencialmente en la anterior contratación de un bono estructurado Telefónica, de vencimiento posterior a la contratación del producto litigioso, cuyas pérdidas económicas fueron compensadas, al parecer, por la demandada, pero de esta contratación no se puede extraer que a la contratación del producto litigioso la demandante ya conociera suficientemente su naturaleza, características y riesgos asociados. Tampoco se demuestra que la demandante fuera un inversor experimentado al que se pudiera suponer el conocimiento suficiente de la naturaleza, características y riesgos del producto contratado. La demandante no es un cliente profesional sino minorista. Que alguna de las sociedades vinculadas económicamente con ella lo fueran, lo que no se ha acreditado, no implica que también a ella se la deba considerar como cliente profesional.”.

Sobre el deber de información, la Sala establece: “De la prueba practicada y en especial de la declaración testifical de D quien comercializó el producto, se desprende que la entidad demandada, no ha acreditado que informara adecuadamente al cliente demandante de la naturaleza y riesgos del producto contratado. Esta información requería jurisprudencialmente que se prestase con la suficiente antelación, lo que no se suple con el propio contenido del contrato, y lo cierto es que ni siquiera se demuestra la información que pudiera haberse facilitado previamente a D. , que es quien suscribe la orden de compra del bono estructurado en representación de la sociedad, y quien tomaba las decisiones de inversión de la sociedad. De modo que tenemos dos presunciones de haber concurrido un error invalidante del consentimiento de la actora en la compra del bono estructurado, la derivada de no haberse realizado el test de idoneidad, y la que trae consecuencia de no haberse informado debidamente al cliente de la naturaleza y riesgos del producto contratado”.

Sacristán&Rivas Abogados ha representado los intereses de los afectados, tanto de particulares como de empresas, por incumplimiento en la comercialización de productos estructurados. Aquellos afectados en la comercialización de productos estructurados de Bankinter, así como de cualquier otra entidad, deben acudir, cuanto antes, a expertos cualificados en la materia, para la realización de un estudio sobre el caso concreto y un análisis sobre las posibilidades de defensa, si así interesa, estando este Despacho a su disposición, a tales efectos.

Sacristán&Rivas Abogados